Nacionales
María Chichilco: “El FMLN evidenció su hipocresía al no abrir los archivos militares por el caso de El Mozote”
La ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, tuvo duras críticas para los actuales dirigentes del FMLN por su nula inversión en proyectos y por no impulsar la zona del cantón El Mozote en los 10 años que estuvieron en el poder. Además, agregó que a pesar de que tuvieron en sus manos poder abrir los archivos militares del caso El Mozote, nunca lo hicieron.
«En 10 años de gobiernos del FMLN, hay que preguntar ¿Por qué no abrieron los archivos militares?. Eso evidencia más su hipocresía», dijo la funcionaria, que también tuvo críticas para el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, quien fungió en el cargo cuando el partido de izquierda estaba al frente.
“Eso evidencia más su hipocresía, ¿Cómo no lo hizo cuando él era el procurador? ¿Por qué no lo hizo entonces? y ¿Por qué lo piden en este momento, que no tienen poder?”, cuestionó.
La funcionaria recordó y criticó el capítulo en el que el expresidente Mauricio Funes llegó al lugar e incluso, derramó lágrimas, tras pedir perdón en un evento: “Eso de cumplirle al pueblo, no es llorar, es hacerle obras. Nosotros el próximo martes vamos a inaugurar una casa con todas las atenciones a los adultos mayores”, detalló.
María Chichilco invitó a pasar página en la historia y a ver el presente y futuro en lo que está haciendo este Gobierno: “Muchos de los que nos involucramos en el conflicto, hemos abierto la mente, los ojos, el corazón y estamos de pie con el presidente Bukele”.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
