Judicial
Violador es condenado a 37 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado que un delincuente considerado como violador en serie sea condenado a permanecer en prisión por 37 años y 8 meses, así como responder con el pago de $11 mil dólares para indemnizar a las víctimas.
La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Oficina de San Marcos dio a conocer las sentencias condenatorias pronunciadas por dos tribunales de la capital en contra de Jonathan Alexander Rodríguez Ramírez.
En el primer caso, el imputado compareció en la vista pública ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en la que se le atribuyeron los delitos de Violación, Privación de Libertad y Robo en perjuicio de 2 víctimas.
La investigación documentada durante la audiencia demostró que el 15 de febrero del año 2020, en horas de la mañana, las víctimas caminaban cerca de la Colonia Las Mercedes, en San Marcos, cuando el imputado las interceptó y obligó a subirse al vehículo que conducía privandolas así de libertad. En el trayecto violó a una de sus víctimas, después procedió a robarles hasta los documentos personales, no sin antes amenazarlas ya que si decían algo de lo sucedido las iba a matar.
El Tribunal admitió la prueba de cargo expuesta por Fiscalía, lo declaró culpable y le impuso una pena 24 años y 4 meses de prisión, así como en concepto de responsabilidad civil el pago de $5,000 a favor de Clave “Hera” y $1,000 para Clave “Atenea”.
El segundo proceso fue en el mismo Tribunal, por los delitos de Violación y Privación de libertad, en perjuicio de una tercera víctima
Quedó comprobado en juicio que el 2 de junio del año 2020, el imputado fue a recoger a la víctima cerca de su casa en Soyapango para hacerle un viaje, asegurando la víctima que la persona que la llevaría lo conocía solo como Jonathan. El sujeto llegó a recogerla con otros 3 sujetos. Desde la parte de atrás del automóvil el delincuente en mención sacó un arma de fuego y le advirtió a su víctima que hiciera lo que se le decía. Así fue llevada a una casa en San Marcos, donde abusó sexualmente de ella y la retuvo hasta el día siguiente cuando la liberó.
Por esta acción, el Tribunal lo condenó a 13 años con 4 meses de prisión y en concepto de responsabilidad civil deberá cancelar $5,000.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
