Judicial
VIDEO | Acusan a “Chepe Diablo” de ser socio de Pablo Escobar y El Señor de los Cielos
Foto | cortesía
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este martes a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter en el que acusa a José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como “Chepe Diablo”, de ser socio de dos grandes narcotraficantes reconocidos en todo el mundo.
Sus socios eran el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y de Amado Carrillo, conocido como El Señor de los Cielos, quien también fue un temido capo del narcotráfico en México.
“Según las investigaciones de la Fiscalía, Chepe Diablo pertenecía a una red de tráfico de drogas que operaba entre Colombia y Estados Unidos” detalló el Ministerio Público.
Escobar fue un narcotraficante colombiano y principal cabeza del Cartel de Medellín durante 1980 y principios de 1990 llevaban droga a los Estados Unidos. “El Patrón” como era conocido perdió la vida en operativo hecho en 1993.
Mientras, El Señor de los Cielos fue muy reconocido por transportar grandes cantidades de droga hacia territorio norteamericano y perdió la vida también en un operativo cuatro años después de fallecer Pablo Escobar.
Este martes, el El Juzgado Segundo de Sentencia dará a conocer su dictamen a las 2:00 de la tarde contra José Adán Salazar, quien es acusado de liderar un cartel del narco y blanquear más de 215 millones de dólares.
En el 2014, “Chepe Diablo” fue señalado por las autoridades federales de Estados Unidos de ser “cabecilla del narcotráfico”. En febrero de 2018, la FGR anunció que se comenzó con el proceso de incautar varias lujosas propiedades del empresario.
El grueso del capital supuestamente blanqueado se encuentra concentrado en las empresas Hotesa S.A. de C.V., que reúne: 7 hoteles, y Agroindustria Gumarsal, una de las principales proveedoras de harinas y granos básicos del país, con 6,1 y 177,1 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con la Fiscalía.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
