Judicial
Una madre, su hijo y 2 hermanos secuestraron y pedían $40 mil de rescate por víctima a la que asesinaron
En el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador se instaló la audiencia en contra de cinco acusados de un secuestro en el que exigían a la familia de la víctima $40 mil por el rescate, cuando la víctima ya había sido asesinada.
El crimen ocurrió el 29 de octubre de 2018.
Las investigaciones de la Fiscalía y Policía establecieron que ese día recibieron la denuncia de familiares: varios sujetos les hablaron a la casa diciendo que tenían secuestrado a “Júpiter”, nombre en clave de la víctima.
Los agentes retomaron el caso y se hicieron pasar por parientes, los criminales les dijeron que para liberarlo necesitaban $40 mil, pero después de algunas negociaciones acordaron el rescate en $6 mil.
Los investigadores montaron un procedimiento controlado para la entrega del dinero e inmediatamente después le dieron persecución a dos sujetos en motocicleta que lo fueron a recibir.
Los dos hombres entraron a una casa y unos minutos después las autoridades la allanaron y localizaron una parte del dinero que habían entregado, así como un arma de fuego y otras evidencias.
En la vivienda arrestaron a María Máxima Juárez, a su hijo Manuel Alfredo Juárez, a otros dos sujetos que eran hermanos: Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y a otro hombre Samuel de Jesús Andrés.
Cuando los criminales llamaron a la familia aseguraron que “Júpiter” estaba con vida, pero los oficiales encontraron el cadáver en el municipio de Panchimalco, siempre de San Salvador.
Los sujetos fueron presentados al sistema judicial donde esperan el veredicto del Tribunal 4° de Sentencia por los delitos de secuestro y tenencia ilegal de arma de fuego.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
