Judicial
Una madre, su hijo y 2 hermanos secuestraron y pedían $40 mil de rescate por víctima a la que asesinaron
En el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador se instaló la audiencia en contra de cinco acusados de un secuestro en el que exigían a la familia de la víctima $40 mil por el rescate, cuando la víctima ya había sido asesinada.
El crimen ocurrió el 29 de octubre de 2018.
Las investigaciones de la Fiscalía y Policía establecieron que ese día recibieron la denuncia de familiares: varios sujetos les hablaron a la casa diciendo que tenían secuestrado a “Júpiter”, nombre en clave de la víctima.
Los agentes retomaron el caso y se hicieron pasar por parientes, los criminales les dijeron que para liberarlo necesitaban $40 mil, pero después de algunas negociaciones acordaron el rescate en $6 mil.
Los investigadores montaron un procedimiento controlado para la entrega del dinero e inmediatamente después le dieron persecución a dos sujetos en motocicleta que lo fueron a recibir.
Los dos hombres entraron a una casa y unos minutos después las autoridades la allanaron y localizaron una parte del dinero que habían entregado, así como un arma de fuego y otras evidencias.
En la vivienda arrestaron a María Máxima Juárez, a su hijo Manuel Alfredo Juárez, a otros dos sujetos que eran hermanos: Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y a otro hombre Samuel de Jesús Andrés.
Cuando los criminales llamaron a la familia aseguraron que “Júpiter” estaba con vida, pero los oficiales encontraron el cadáver en el municipio de Panchimalco, siempre de San Salvador.
Los sujetos fueron presentados al sistema judicial donde esperan el veredicto del Tribunal 4° de Sentencia por los delitos de secuestro y tenencia ilegal de arma de fuego.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
