Judicial
Sustituyen tres años de cárcel por trabajos de utilidad pública a policías que torturaron a un joven para sacarle información sobre un ataque a otro policía
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en procedimiento abreviado impuso la pena de tres años de cárcel a los agentes policiales Hugo Adalberto Morán; y dos años en calidad de cómplices a Iván Alexander Morán y Stefany Moreno Castro, por cometer el delito de tortura en perjuicio de una víctima.
Las condenas fueron reemplazadas por trabajos de utilidad pública. Así mismo pagaron en concepto de responsabilidad civil por los daños causados a la víctima, la cantidad de 4 mil dólares, dinero entregado a la víctima en la audiencia.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Apopa, el 13 de mayo de 2018, cuando los agentes policiales realizaban patrullajes, debido a que otro agente había sido lesionado en una colonia del mismo municipio.
La víctima se encontraba en el patio de su vivienda cuando los tres agentes llegaron y comenzaron hacerle preguntas relacionadas a donde estaban los sujetos que atacaron al policía, este les respondía que no sabía nada, fue así que lo golpearon. Los reportes médicos señalaron que las lesiones del afectado sanarían en 30 días, las cuales habían puesto en riesgo su vida. Estos informes fueron entregados como prueba en la audiencia.
Será el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena quien tendrá que señalar lugar y forma para que lleven a cabo los trabajos de utilidad pública que tendrán que realizar.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
