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Sujeto asesinó a esposa e intentó matar a hijastra, ambas de nacionalidad mexicana
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que Raúl Mauricio Campos González, fue condenado a 40 años de cárcel por el Feminicidio Agravado de su esposa y el Feminicidio Tentado Agravado de su hijastra, ambas de nacionalidad mexicana.
Las partes procesales aceptaron que el incriminado se sometiera a un proceso abreviado, al admitir el cometimiento de los crímenes, pero además fueron corroborados con las pruebas de cargo presentadas por la representación fiscal en el juicio el día de ayer en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel.
Los asesinatos se cometieron el 16 de julio de 2019, a la 1:00 de la tarde cuando la víctima mortal, Martha Elsa Deloya González se encontraba cuidando una plantación de frijol en el cantón El Rodeo del municipio de San Agustín de Usulután. A la mujer la acompañaba su hija de 12 años.
Repentinamente llegó Campos González con un corvo y comenzó a atacar a la fémina que recibió varias lesiones que le provocaron la muerte.
La menor de edad trató de impedir la agresión, pero también fue herida de gravedad, afortunadamente sobrevivió después de permanecer 180 días en el hospital de niños Benjamín Bloom de San Salvador.
El condenado huyó del lugar, pero fue capturado horas después en el municipio de Jiquilisco.
En la Vista Pública la Fiscal del caso demostró que la pareja se conoció a través de la red social Facebook, y que el 2 de agosto de 2017 contrajeron matrimonio civil.
Pero en su convivencia se estableció que existió violencia psicológica, física y patrimonial, que los obligó a separarse por un tiempo. Posteriormente decidieron vivir juntos nuevamente, pero en un ambiente de violencia.
El Juez Especializado con base a las pruebas lo sentenció a purgar una pena de 28 años de cárcel por la muerte de su esposa y 12 años más por el intentó de feminicidio en su hijastra, haciendo un total de 40 años.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
