Judicial
Sujeto asesinó a esposa e intentó matar a hijastra, ambas de nacionalidad mexicana
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que Raúl Mauricio Campos González, fue condenado a 40 años de cárcel por el Feminicidio Agravado de su esposa y el Feminicidio Tentado Agravado de su hijastra, ambas de nacionalidad mexicana.
Las partes procesales aceptaron que el incriminado se sometiera a un proceso abreviado, al admitir el cometimiento de los crímenes, pero además fueron corroborados con las pruebas de cargo presentadas por la representación fiscal en el juicio el día de ayer en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel.
Los asesinatos se cometieron el 16 de julio de 2019, a la 1:00 de la tarde cuando la víctima mortal, Martha Elsa Deloya González se encontraba cuidando una plantación de frijol en el cantón El Rodeo del municipio de San Agustín de Usulután. A la mujer la acompañaba su hija de 12 años.
Repentinamente llegó Campos González con un corvo y comenzó a atacar a la fémina que recibió varias lesiones que le provocaron la muerte.
La menor de edad trató de impedir la agresión, pero también fue herida de gravedad, afortunadamente sobrevivió después de permanecer 180 días en el hospital de niños Benjamín Bloom de San Salvador.
El condenado huyó del lugar, pero fue capturado horas después en el municipio de Jiquilisco.
En la Vista Pública la Fiscal del caso demostró que la pareja se conoció a través de la red social Facebook, y que el 2 de agosto de 2017 contrajeron matrimonio civil.
Pero en su convivencia se estableció que existió violencia psicológica, física y patrimonial, que los obligó a separarse por un tiempo. Posteriormente decidieron vivir juntos nuevamente, pero en un ambiente de violencia.
El Juez Especializado con base a las pruebas lo sentenció a purgar una pena de 28 años de cárcel por la muerte de su esposa y 12 años más por el intentó de feminicidio en su hijastra, haciendo un total de 40 años.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
