Judicial
Se dedicaba asaltar y ahora pasará 8 años en prisión
La Fiscalía General de la República por medio de su Oficina en San Salvador dio a conocer la condena de 8 años de prisión en contra de un sujeto que fue declarado culpable por dedicarse a asaltar, principalmente en zonas de mayor movimiento comercial. También informó sobre una sanción de 7 años de internamiento que deberá cumplir un adolescente en conflicto con la ley.
El reporte señala en el primer caso, que Manuel Eduardo García, enfrentó la vista pública ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, acusado por el delito de Robo Agravado.
Con sólidos elementos de prueba de cargo, la representación fiscal demostró que el 25 de junio del año pasado, García sorprendió a su víctima frente a un centro comercial sobre el Paseo General Escalón. El delincuente logró despojarle de sus prendas de valor y huyó de la zona. Las investigaciones lograron ubicar e identificar al delincuente que ya está tras las rejas para cumplir su pena de 8 años.
En el segundo caso, se aplicó el proceso especial para un joven de 17 años, quien fue presentado ante el Juzgado Primero de Menores de esta jurisdicción, por haber incurrido en el delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa.
La FGR aportó abundante elemento de prueba de cargo con lo cual se establece que el hecho lo consumó en Av. Las Amapolas, cerca de la Comunidad Nuevo Israel en San Salvador, el 30 de agosto del 2021.
Con base a la prueba de cargo de la FGR, el Juzgador determinó que efectivamente atacó a la víctima con clave “Brazil”, con arma blanca y luego huyó al creer que le había causado la muerte; por ello, lo declaró responsable y resolvió que permanezca internado durante 7 años.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
