Judicial
Sacristán que asesinó a párroco Cecilio Pérez en San José La Majada, pasará 25 años en la cárcel
El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate condenó a 25 años de prisión al sacristán Abraham Heriberto Mestizo Pérez por haber asesinado al sacerdote Cecilio Pérez, párroco de la iglesia del cantón San José La Majada, jurisdicción de Juayúa, Sonsonate.
Pérez fue atacado brutalmente cuando dormía en su habitación de la casa parroquial de la Iglesia de San José de la Majada, en el municipio de Juayúa, en el departamento de Sonsonate, la madrugada del 18 de mayo de 2019, resultando como único sospechoso de este homicidio el sacristán.
Según explicó el Fiscal del caso, el homicidio se pudo resolver sin testigos del hecho; que fue la evidencia pericial la fundamental para demostrar quien cometió el crimen, destacando la prueba fisicoquímica consistente en residuos de disparo de arma de fuego, el cual fue positivo, que se encontró en la camisa del imputado Mestizo Pérez.
Asimismo, se contó con la prueba grafotécnica realizada al imputado, la cual también fue positiva, ya que la nota dejada en la habitación del sacerdote donde se decía “no pagó la renta MS13”, se estableció que fue realizada del puño y letra del ahora condenado; la cual fue comparada con los textos de un cuaderno de Mestizo Pérez.
Es de resaltar que dicha prueba grafotécnica, fue realizada por segunda vez a petición de la defensa, en la cual también dio como resultado positivo ratificando así la prueba pericial.
Dicha evidencia comprobó que le imputado fue el artífice del homicidio del sacerdote; aunque no se ha logrado establecer el porqué del asesinato, pero para los fines del proceso penal en El Salvador, no es necesario contar con un móvil establecido, si no que probar la existencia del hecho y la participación delincuencial.
Ante las evidencias presentadas ante el Juzgador, él recalcó que tenía la convicción de que Abraham Heriberto Mestizo Pérez, siendo un educador religioso que sabe la diferencia entre la vida y la muerte, había sido responsable del Homicidio Agravado, según está previsto y sancionado en los artículos 128 y 129 numeral 3 del Código Penal, del sacerdote Cecilio Pérez.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
