Judicial
Sacristán que asesinó a párroco Cecilio Pérez en San José La Majada, pasará 25 años en la cárcel
El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate condenó a 25 años de prisión al sacristán Abraham Heriberto Mestizo Pérez por haber asesinado al sacerdote Cecilio Pérez, párroco de la iglesia del cantón San José La Majada, jurisdicción de Juayúa, Sonsonate.
Pérez fue atacado brutalmente cuando dormía en su habitación de la casa parroquial de la Iglesia de San José de la Majada, en el municipio de Juayúa, en el departamento de Sonsonate, la madrugada del 18 de mayo de 2019, resultando como único sospechoso de este homicidio el sacristán.
Según explicó el Fiscal del caso, el homicidio se pudo resolver sin testigos del hecho; que fue la evidencia pericial la fundamental para demostrar quien cometió el crimen, destacando la prueba fisicoquímica consistente en residuos de disparo de arma de fuego, el cual fue positivo, que se encontró en la camisa del imputado Mestizo Pérez.
Asimismo, se contó con la prueba grafotécnica realizada al imputado, la cual también fue positiva, ya que la nota dejada en la habitación del sacerdote donde se decía “no pagó la renta MS13”, se estableció que fue realizada del puño y letra del ahora condenado; la cual fue comparada con los textos de un cuaderno de Mestizo Pérez.
Es de resaltar que dicha prueba grafotécnica, fue realizada por segunda vez a petición de la defensa, en la cual también dio como resultado positivo ratificando así la prueba pericial.
Dicha evidencia comprobó que le imputado fue el artífice del homicidio del sacerdote; aunque no se ha logrado establecer el porqué del asesinato, pero para los fines del proceso penal en El Salvador, no es necesario contar con un móvil establecido, si no que probar la existencia del hecho y la participación delincuencial.
Ante las evidencias presentadas ante el Juzgador, él recalcó que tenía la convicción de que Abraham Heriberto Mestizo Pérez, siendo un educador religioso que sabe la diferencia entre la vida y la muerte, había sido responsable del Homicidio Agravado, según está previsto y sancionado en los artículos 128 y 129 numeral 3 del Código Penal, del sacerdote Cecilio Pérez.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
