Judicial
Sacristán que asesinó a párroco Cecilio Pérez en San José La Majada, pasará 25 años en la cárcel
El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate condenó a 25 años de prisión al sacristán Abraham Heriberto Mestizo Pérez por haber asesinado al sacerdote Cecilio Pérez, párroco de la iglesia del cantón San José La Majada, jurisdicción de Juayúa, Sonsonate.
Pérez fue atacado brutalmente cuando dormía en su habitación de la casa parroquial de la Iglesia de San José de la Majada, en el municipio de Juayúa, en el departamento de Sonsonate, la madrugada del 18 de mayo de 2019, resultando como único sospechoso de este homicidio el sacristán.
Según explicó el Fiscal del caso, el homicidio se pudo resolver sin testigos del hecho; que fue la evidencia pericial la fundamental para demostrar quien cometió el crimen, destacando la prueba fisicoquímica consistente en residuos de disparo de arma de fuego, el cual fue positivo, que se encontró en la camisa del imputado Mestizo Pérez.
Asimismo, se contó con la prueba grafotécnica realizada al imputado, la cual también fue positiva, ya que la nota dejada en la habitación del sacerdote donde se decía “no pagó la renta MS13”, se estableció que fue realizada del puño y letra del ahora condenado; la cual fue comparada con los textos de un cuaderno de Mestizo Pérez.
Es de resaltar que dicha prueba grafotécnica, fue realizada por segunda vez a petición de la defensa, en la cual también dio como resultado positivo ratificando así la prueba pericial.
Dicha evidencia comprobó que le imputado fue el artífice del homicidio del sacerdote; aunque no se ha logrado establecer el porqué del asesinato, pero para los fines del proceso penal en El Salvador, no es necesario contar con un móvil establecido, si no que probar la existencia del hecho y la participación delincuencial.
Ante las evidencias presentadas ante el Juzgador, él recalcó que tenía la convicción de que Abraham Heriberto Mestizo Pérez, siendo un educador religioso que sabe la diferencia entre la vida y la muerte, había sido responsable del Homicidio Agravado, según está previsto y sancionado en los artículos 128 y 129 numeral 3 del Código Penal, del sacerdote Cecilio Pérez.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
