Judicial
Quiso comprar terreno con documentos firmados por un notario que tenía 12 años de haber muerto
Óscar Armando C., de 58 años, es señalado de intentar comprar un terreno con documentos firmados por un notario que tiene más de 12 años de muerto; el hecho ocurrió en el departamento de Santa Ana.
Por este caso, la Fiscalía acusado al sujeto del delito de falsedad material en perjuicio de la fe pública.
Según las investigaciones, el sospechoso se presentó al Centro Nacional de Registros (CNR) de Santa Ana para entregar un documento de compra venta de un terreno ubicado en el barrio El Centro, jurisdicción de San Antonio Pajonal, Santa Ana.
El documento era por la compra del 25% del terreno, el mismo fue otorgado el 19 de septiembre de 2018 por un abogado y notario de nombre Óscar René Reyes.
Cuando el jefe del CNR revisó los papeles sospechó de su autenticidad, pues tenía la idea que el notario que los firmó había fallecido hace algunos años.
Ante las dudas, el CNR pidió a la sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el último libro notarial que se le autorizó a Óscar René Reyes, así como la fecha en la que murió.
La Corte informó que el último libro notarial fue devuelto en enero de 2007, pues el profesional había muerto en diciembre de 2006.
Una verificada la información, el CNR interpuso la denuncia ante la Fiscalía en contra de Óscar Armando C.
Después de las pesquisas iniciales, los fiscales interpusieron la acusación por falsedad material contra del sospechoso por el delito de falsedad material en el Juzgado Cuatro de Paz de Santa Ana.
El juez consideró que las evidencias presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para sostener la acusación, por lo que ordenó se continúe el proceso judicial contra el señalado.
Fuentes judiciales informaron que Óscar Armando C. está siendo procesado en libertad por decisión del referido juzgado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
