Judicial
Quiso comprar terreno con documentos firmados por un notario que tenía 12 años de haber muerto
Óscar Armando C., de 58 años, es señalado de intentar comprar un terreno con documentos firmados por un notario que tiene más de 12 años de muerto; el hecho ocurrió en el departamento de Santa Ana.
Por este caso, la Fiscalía acusado al sujeto del delito de falsedad material en perjuicio de la fe pública.
Según las investigaciones, el sospechoso se presentó al Centro Nacional de Registros (CNR) de Santa Ana para entregar un documento de compra venta de un terreno ubicado en el barrio El Centro, jurisdicción de San Antonio Pajonal, Santa Ana.
El documento era por la compra del 25% del terreno, el mismo fue otorgado el 19 de septiembre de 2018 por un abogado y notario de nombre Óscar René Reyes.
Cuando el jefe del CNR revisó los papeles sospechó de su autenticidad, pues tenía la idea que el notario que los firmó había fallecido hace algunos años.
Ante las dudas, el CNR pidió a la sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el último libro notarial que se le autorizó a Óscar René Reyes, así como la fecha en la que murió.
La Corte informó que el último libro notarial fue devuelto en enero de 2007, pues el profesional había muerto en diciembre de 2006.
Una verificada la información, el CNR interpuso la denuncia ante la Fiscalía en contra de Óscar Armando C.
Después de las pesquisas iniciales, los fiscales interpusieron la acusación por falsedad material contra del sospechoso por el delito de falsedad material en el Juzgado Cuatro de Paz de Santa Ana.
El juez consideró que las evidencias presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para sostener la acusación, por lo que ordenó se continúe el proceso judicial contra el señalado.
Fuentes judiciales informaron que Óscar Armando C. está siendo procesado en libertad por decisión del referido juzgado.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
