Judicial
Prisión para jefe de seguridad del alcalde de Soyapango por intento de homicidio
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con Detención Provisional para el jefe de seguridad del alcalde del municipio de Soyapango por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa (intento de homicidio) en perjuicio de tres víctimas.
El empleado de la comuna, identificado como Santos Florentín Serrano Magarín, seguirá detenido mientras continúa el proceso penal en su contra. Lo anterior se da, a pesar que la defensa particular del implicado había solicitado que se cambiara la calificación del delito a Lesiones Graves, cosa que fue desestimada por el juzgador.
El referido juez de paz validó toda la prueba presentada por los fiscales del caso, donde destaca el estudio balístico que corrobora la participación del arma de equipo de Serrano Magarín en los hechos acusados.
Las investigaciones detallan que los hechos se registraron a eso de la 1:30 de la madrugada del 31 de agosto de 2020, cuando se realizaba una protesta sindical en las puertas de acceso de la alcaldía en mención, cuando el implicado habría realizado una serie de disparos a referidos portones de entrada desde dentro del local. Lesionando de gravedad a las víctimas.
“El arma utilizada en el hecho está asignada al jefe de seguridad del alcalde, lo cual nos da certeza de la participación de Serrano en los hechos acusados”, explicó uno de los fiscales del caso.
El proceso pasará al Juzgado de Instrucción de Soyapango, donde se ampliarán los indicios probatorios y se recolectarán más con el objeto de robustecer la investigación.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
