Judicial
Prisión para jefe de seguridad del alcalde de Soyapango por intento de homicidio
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con Detención Provisional para el jefe de seguridad del alcalde del municipio de Soyapango por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa (intento de homicidio) en perjuicio de tres víctimas.
El empleado de la comuna, identificado como Santos Florentín Serrano Magarín, seguirá detenido mientras continúa el proceso penal en su contra. Lo anterior se da, a pesar que la defensa particular del implicado había solicitado que se cambiara la calificación del delito a Lesiones Graves, cosa que fue desestimada por el juzgador.
El referido juez de paz validó toda la prueba presentada por los fiscales del caso, donde destaca el estudio balístico que corrobora la participación del arma de equipo de Serrano Magarín en los hechos acusados.
Las investigaciones detallan que los hechos se registraron a eso de la 1:30 de la madrugada del 31 de agosto de 2020, cuando se realizaba una protesta sindical en las puertas de acceso de la alcaldía en mención, cuando el implicado habría realizado una serie de disparos a referidos portones de entrada desde dentro del local. Lesionando de gravedad a las víctimas.
“El arma utilizada en el hecho está asignada al jefe de seguridad del alcalde, lo cual nos da certeza de la participación de Serrano en los hechos acusados”, explicó uno de los fiscales del caso.
El proceso pasará al Juzgado de Instrucción de Soyapango, donde se ampliarán los indicios probatorios y se recolectarán más con el objeto de robustecer la investigación.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
