Judicial
Presentan acusación formal contra Sigfrido Reyes y otras 13 personas por peculado, lavado de dinero y estafa por más de $5 millones
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador recibió el dictamen de acusación fiscal contra el exdiputado Othon Sifrido Reyes Morales, acusado de lavado de dinero y activos, peculado y estafa agravada, y contra 13 imputados más, acusados de lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero, estafa agravada, incumplimiento de deberes y falsedad documental.
El dictamen recibido, está compuesto por 4, 375 folios y en un lapso de cinco días o más, notificará a los defensores para que presenten sus alegatos a su defensa ante la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, el juzgado programará la fecha de audiencia preliminar.
La FGR acusa a Sigfrido Reyes y Byron Larrazábal, presuntamente de estafar al IPSFA por la compra de cinco lotes en Antiguo Cuscatlán, a un costo por debajo de lo ofertado al público.
Además, la Fiscalía le atribuye el delito de lavado por $472,000 y a su esposa por $660 mil dólares aproximadamente, presuntamente realizaron diferentes modalidades, entre estas, compra venta de inmuebles, montos a plazo y la utilización e instrumentalización de varias sociedades, presuntamente que utilizaron los procesados para adquirir inmuebles.
Por el delito de peculado atribuido a Reyes, la Fiscalía lo acusa de apropiarse de fondos de la Asamblea Legislativa y de PROESA, bajo la figura de «viáticos adicionales por misiones oficiales», al inicio, cuando se presentó el requerimiento se estableció que recibió un monto de $302,525.56, monto que podría variar con el resultado de la pericia contable.
Los acusados son: Susi Melba Rodríguez, Earle René Reyes Morales, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, Sonia Inés Morales Rivas, Kevin Mauricio Larrazábal, René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez, Noemí Candelaria Rodríguez, Jenny Elibeth Guadalupe Medina, Atilio Castro Guevara, Rosa Yanira Ruiz, Manuel Antonio Berciàn Castro y Karla Beatriz Recinos Ramírez.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
