Judicial
Pastor evangélico sostiene relación sentimental con una menor de 13 años y le pagaba $10 por sostener relaciones con ella
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de David Alonso Torres Rosales a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz agravada en la modalidad continuada en perjuicio de una menor de 13 años de edad.
El dictamen de acusación fiscal, establece que la víctima comenzó a ser abusada sexualmente desde el mes de julio del año 2016 hasta febrero del año 2017, en un motel ubicado sobre la carretera de Oro, en la jurisdicción de San Martín, en el departamento de San Salvador, cuando ella tenía 13 años.
Según la declaración de la menor, ella conoció a Castro en el año 2015, quien es pastor de la iglesia Misión Cristiana La Esperanza, ubicada en Soyapango, a la cual asiste ella. En el mes de septiembre de ese mismo año, el pastor le pidió que fueran novios. La menor relató que un principio no veía de seguido, sino que fue hasta el año 2016 que él comenzó a llevarla a ella todos los días al centro educativo, pues él tiene un microbús de transporte escolar.
Desde entonces, ellos empezaron a tener más contacto, además que hablaban mucho por teléfono celular. Posteriormente, el 5 julio de 2016, el pastor la invitó a comer a Unicentro, luego de comer le dijo que fueran a dar una vuelta a bordo del microbús, hasta llegar a un auto motel, donde le pidió que se ocultara para que nadie la viera. Al entrar, él parquea el microbús y luego se dirigieron a un cuarto: estando allí ella le preguntó que “¿qué hacían allí?”, mientras él, ocultando sus intenciones, le dijo “solo se acostarían un rato”.
Desde esa fecha sostuvieron relaciones íntimas todos los días sábado, además de que Rosales le daba 10 o 20 dólares en cada ocasión que mantenían relaciones sexuales. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los padres la dejaban ir debido a que ella decía en casa que iba a la iglesia.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
