Judicial
Pastor evangélico sostiene relación sentimental con una menor de 13 años y le pagaba $10 por sostener relaciones con ella
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de David Alonso Torres Rosales a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz agravada en la modalidad continuada en perjuicio de una menor de 13 años de edad.
El dictamen de acusación fiscal, establece que la víctima comenzó a ser abusada sexualmente desde el mes de julio del año 2016 hasta febrero del año 2017, en un motel ubicado sobre la carretera de Oro, en la jurisdicción de San Martín, en el departamento de San Salvador, cuando ella tenía 13 años.
Según la declaración de la menor, ella conoció a Castro en el año 2015, quien es pastor de la iglesia Misión Cristiana La Esperanza, ubicada en Soyapango, a la cual asiste ella. En el mes de septiembre de ese mismo año, el pastor le pidió que fueran novios. La menor relató que un principio no veía de seguido, sino que fue hasta el año 2016 que él comenzó a llevarla a ella todos los días al centro educativo, pues él tiene un microbús de transporte escolar.
Desde entonces, ellos empezaron a tener más contacto, además que hablaban mucho por teléfono celular. Posteriormente, el 5 julio de 2016, el pastor la invitó a comer a Unicentro, luego de comer le dijo que fueran a dar una vuelta a bordo del microbús, hasta llegar a un auto motel, donde le pidió que se ocultara para que nadie la viera. Al entrar, él parquea el microbús y luego se dirigieron a un cuarto: estando allí ella le preguntó que “¿qué hacían allí?”, mientras él, ocultando sus intenciones, le dijo “solo se acostarían un rato”.
Desde esa fecha sostuvieron relaciones íntimas todos los días sábado, además de que Rosales le daba 10 o 20 dólares en cada ocasión que mantenían relaciones sexuales. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los padres la dejaban ir debido a que ella decía en casa que iba a la iglesia.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
