Judicial
Pastor evangélico sostiene relación sentimental con una menor de 13 años y le pagaba $10 por sostener relaciones con ella
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de David Alonso Torres Rosales a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz agravada en la modalidad continuada en perjuicio de una menor de 13 años de edad.
El dictamen de acusación fiscal, establece que la víctima comenzó a ser abusada sexualmente desde el mes de julio del año 2016 hasta febrero del año 2017, en un motel ubicado sobre la carretera de Oro, en la jurisdicción de San Martín, en el departamento de San Salvador, cuando ella tenía 13 años.
Según la declaración de la menor, ella conoció a Castro en el año 2015, quien es pastor de la iglesia Misión Cristiana La Esperanza, ubicada en Soyapango, a la cual asiste ella. En el mes de septiembre de ese mismo año, el pastor le pidió que fueran novios. La menor relató que un principio no veía de seguido, sino que fue hasta el año 2016 que él comenzó a llevarla a ella todos los días al centro educativo, pues él tiene un microbús de transporte escolar.
Desde entonces, ellos empezaron a tener más contacto, además que hablaban mucho por teléfono celular. Posteriormente, el 5 julio de 2016, el pastor la invitó a comer a Unicentro, luego de comer le dijo que fueran a dar una vuelta a bordo del microbús, hasta llegar a un auto motel, donde le pidió que se ocultara para que nadie la viera. Al entrar, él parquea el microbús y luego se dirigieron a un cuarto: estando allí ella le preguntó que “¿qué hacían allí?”, mientras él, ocultando sus intenciones, le dijo “solo se acostarían un rato”.
Desde esa fecha sostuvieron relaciones íntimas todos los días sábado, además de que Rosales le daba 10 o 20 dólares en cada ocasión que mantenían relaciones sexuales. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los padres la dejaban ir debido a que ella decía en casa que iba a la iglesia.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
