Judicial
Pandilleros saquean casa de una familia que se negó a entregar extorsión de $4,000
Un grupo de pandilleros le quitó a una familia sus pertenencias para exigirles el pago de una extorsión de $4,000 a cambio de no atentar contra su vida en una colonia popular de San Salvador.
Antonia y Mario (nombres modificados por seguridad) vivían en una zona acechada por pandillas y a pesar de esto habían logrado hacerse de electrodomésticos que les facilitaban la vida.
Los problemas para la pareja comenzaron el 9 de octubre del 2018, al filo de las 4:30 p.m., la mujer fue amenazada por tres sujetos que aprovecharon que su pareja se encontraba trabajando para amenazarla.
Desde la entrada de la puerta, los delincuentes exigieron hablar con Mario pero al no encontrarlo en casa le ordenaron a Antonia que le hablara para poder exigirle $4,000 a cambio de perdonarle la vida a él y su familia.
Vía telefónica, Mario les explicó que no tenía el dinero solicitado, esto seguido de una súplica para que no cumplieran con su amenaza. Los delincuentes colgaron y decidieron llevarse todos los artículos de valor que encontraron en la casa.
Los delincuentes se llevaron desde una laptop hasta un horno microonda y le señalaron a Antonia que esto serviría como garantía del pago que les debían de hacer.
La denuncia pese a las amenazas
Pese a las amenazas, el matrimonio se armó de valor e interpusieron la denuncia con la que en horas de la noche de ese mismo día se detuvo a Luis V., de 22 años, alias “Sky-king”, quien se desempeñaba como cobrador de una ruta de microbuses; José P., empleado de un car wash y Martín S., alias “Doopy”.
Según el expediente judicial, luego de las amenazas os tres señalados se llevaron de la vivienda una computadora portátil, un equipo de sonido “de última generación”, un horno microonda, un reproductor de DVD y $500 en efectivo.
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso hasta el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el cual instaló el juicio en contra de los imputados el pasado 8 de enero.
La defensa argumentó que sus clientes eran inocentes ya que dos de ellos estaban en sus jornadas laborales y que el otro estaba incapacitado con una bota de yeso que le imposibilitaba moverse.
Luego de varias horas dentro de la sala de audiencias, la Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia ya que la víctima no había sido localizada, el juez del tribunal aceptó la petición y quedó pendiente de conocerse la fecha de la reprogramación.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
