Judicial
Pandilleros saquean casa de una familia que se negó a entregar extorsión de $4,000
Un grupo de pandilleros le quitó a una familia sus pertenencias para exigirles el pago de una extorsión de $4,000 a cambio de no atentar contra su vida en una colonia popular de San Salvador.
Antonia y Mario (nombres modificados por seguridad) vivían en una zona acechada por pandillas y a pesar de esto habían logrado hacerse de electrodomésticos que les facilitaban la vida.
Los problemas para la pareja comenzaron el 9 de octubre del 2018, al filo de las 4:30 p.m., la mujer fue amenazada por tres sujetos que aprovecharon que su pareja se encontraba trabajando para amenazarla.
Desde la entrada de la puerta, los delincuentes exigieron hablar con Mario pero al no encontrarlo en casa le ordenaron a Antonia que le hablara para poder exigirle $4,000 a cambio de perdonarle la vida a él y su familia.
Vía telefónica, Mario les explicó que no tenía el dinero solicitado, esto seguido de una súplica para que no cumplieran con su amenaza. Los delincuentes colgaron y decidieron llevarse todos los artículos de valor que encontraron en la casa.
Los delincuentes se llevaron desde una laptop hasta un horno microonda y le señalaron a Antonia que esto serviría como garantía del pago que les debían de hacer.
La denuncia pese a las amenazas
Pese a las amenazas, el matrimonio se armó de valor e interpusieron la denuncia con la que en horas de la noche de ese mismo día se detuvo a Luis V., de 22 años, alias “Sky-king”, quien se desempeñaba como cobrador de una ruta de microbuses; José P., empleado de un car wash y Martín S., alias “Doopy”.
Según el expediente judicial, luego de las amenazas os tres señalados se llevaron de la vivienda una computadora portátil, un equipo de sonido “de última generación”, un horno microonda, un reproductor de DVD y $500 en efectivo.
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso hasta el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el cual instaló el juicio en contra de los imputados el pasado 8 de enero.
La defensa argumentó que sus clientes eran inocentes ya que dos de ellos estaban en sus jornadas laborales y que el otro estaba incapacitado con una bota de yeso que le imposibilitaba moverse.
Luego de varias horas dentro de la sala de audiencias, la Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia ya que la víctima no había sido localizada, el juez del tribunal aceptó la petición y quedó pendiente de conocerse la fecha de la reprogramación.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
