Judicial
Pandilleros obligan a familias a abandonar sus casas en Apopa
Imagen de referencia
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer sobre las condenas de prisión logradas en contra de tres miembros de estructuras terroristas, culpables de obligar a que habitantes de una comunidad del municipio de Apopa, al norte de San Salvador, abandonaran sus viviendas.
La Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de esa jurisdicción detalló que los imputados son Nelson Geovanni Peraza Chiquillo, alias “Chico flaco”; Edenilson de Jesús Marroquín Lainez y Enzo Adolfo Guardado Alvarenga, alias “Negro”. Todos forman parte de la denominada “Pandilla 18R”, acusados por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación.
La Vista Pública fue desarrollada por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, instancia en la que la representación fiscal acreditó suficiente elemento de prueba debidamente fundamentada.
Al final de los alegatos tanto de Fiscalía como de la defensa, el Tribunal dio validez a la tesis acusatoria y procedió a declarar la responsabilidad para los 3 involucrados. Cada uno deberá cumplir una pena de 8 años en prisión.
Quedó evidenciado judicialmente que los tres sujetos se presentaron a la vivienda de las víctimas y les advirtieron que ya no querían verlas en el lugar y que abandonaran sus casas, caso contrario atentarían contra de sus vidas, razón por la cual huyeron de la zona.
Ahora la FGR cumplió su labor a favor de las víctimas y es así como los tres delincuentes pagarán con cárcel los hechos consumados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
