Judicial
Norman Quijano enfrenta juicio por negociar con pandillas y pedir que votaran para ser electo presidente
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador enjuicia desde hoy como imputado ausente a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014.
La Fiscalía General de la República lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, delitos graves que podrían llevar a imponerle una pena máxima de 21 años de prisión si los magistrados lo encuentran responsable y le imponen la pena máxima por cada ilícito.
A Quijano, la Cámara Primera de lo Penal, al finalizar la audiencia preliminar le decretó un auto de apertura a juicio aplicándole el artículo 345 que todavía contiene la pena de cinco a 15 años de prisión porque los hechos atribuidos fueron consumados en el 2014 y al ser llevado a sede judicial en enero de 2022, la Asamblea todavía no había reformado ese artículo.
Fue hasta el 30 de marzo de 2022 que las agrupaciones ilícitas fueron modificadas y sancionadas con cárcel de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y hasta 60 para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas.
Al excandidato a la presidencia por ARENA lo enjuician bajo las reglas del 345 derogado el cual menciona. «El que por si o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de algunas prerrogativas u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones, será sancionado con prisión de cinco a 15 años».
Mientras que el fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal establece que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Según el ministerio público, en una reunión que Quijano sostuvo con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, pidió a los cabecillas terroristas de la Mara Salvatrucha y a los de dos facciones de la Pandilla 18, que votaran en segunda vuelta por ARENA y que, en caso de ganar la presidencia, invertiría $100 millones en las pandillas y que los fondos iban a salir del presupuesto general de la nación.
Para la vista pública la Fiscalía ha ofrecido los relatos de dos testigos criteriados, Salomón y Noé, quienes llegarán a declarar los ofrecimientos que se les hizo y que recibieron $100,000 a través del alemán Paolo Lüers. A la MS le entregaron $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una, esa información aportará Salomón.
El testigo Noé, afirmará que Norman Quijano, les pidió votar por ARENA y que dejaran a la gente ir a votar. Que con los $100 millones para las pandillas se trabajaría, supuestamente, en la reinserción, que las pandillas iban a tener libertad de movimiento y se les quitaría todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
