Judicial
Norman Quijano enfrenta juicio por negociar con pandillas y pedir que votaran para ser electo presidente
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador enjuicia desde hoy como imputado ausente a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014.
La Fiscalía General de la República lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, delitos graves que podrían llevar a imponerle una pena máxima de 21 años de prisión si los magistrados lo encuentran responsable y le imponen la pena máxima por cada ilícito.
A Quijano, la Cámara Primera de lo Penal, al finalizar la audiencia preliminar le decretó un auto de apertura a juicio aplicándole el artículo 345 que todavía contiene la pena de cinco a 15 años de prisión porque los hechos atribuidos fueron consumados en el 2014 y al ser llevado a sede judicial en enero de 2022, la Asamblea todavía no había reformado ese artículo.
Fue hasta el 30 de marzo de 2022 que las agrupaciones ilícitas fueron modificadas y sancionadas con cárcel de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y hasta 60 para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas.
Al excandidato a la presidencia por ARENA lo enjuician bajo las reglas del 345 derogado el cual menciona. «El que por si o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de algunas prerrogativas u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones, será sancionado con prisión de cinco a 15 años».
Mientras que el fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal establece que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Según el ministerio público, en una reunión que Quijano sostuvo con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, pidió a los cabecillas terroristas de la Mara Salvatrucha y a los de dos facciones de la Pandilla 18, que votaran en segunda vuelta por ARENA y que, en caso de ganar la presidencia, invertiría $100 millones en las pandillas y que los fondos iban a salir del presupuesto general de la nación.
Para la vista pública la Fiscalía ha ofrecido los relatos de dos testigos criteriados, Salomón y Noé, quienes llegarán a declarar los ofrecimientos que se les hizo y que recibieron $100,000 a través del alemán Paolo Lüers. A la MS le entregaron $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una, esa información aportará Salomón.
El testigo Noé, afirmará que Norman Quijano, les pidió votar por ARENA y que dejaran a la gente ir a votar. Que con los $100 millones para las pandillas se trabajaría, supuestamente, en la reinserción, que las pandillas iban a tener libertad de movimiento y se les quitaría todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
