Judicial
Norman Quijano enfrenta juicio por negociar con pandillas y pedir que votaran para ser electo presidente
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador enjuicia desde hoy como imputado ausente a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014.
La Fiscalía General de la República lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, delitos graves que podrían llevar a imponerle una pena máxima de 21 años de prisión si los magistrados lo encuentran responsable y le imponen la pena máxima por cada ilícito.
A Quijano, la Cámara Primera de lo Penal, al finalizar la audiencia preliminar le decretó un auto de apertura a juicio aplicándole el artículo 345 que todavía contiene la pena de cinco a 15 años de prisión porque los hechos atribuidos fueron consumados en el 2014 y al ser llevado a sede judicial en enero de 2022, la Asamblea todavía no había reformado ese artículo.
Fue hasta el 30 de marzo de 2022 que las agrupaciones ilícitas fueron modificadas y sancionadas con cárcel de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y hasta 60 para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas.
Al excandidato a la presidencia por ARENA lo enjuician bajo las reglas del 345 derogado el cual menciona. «El que por si o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de algunas prerrogativas u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones, será sancionado con prisión de cinco a 15 años».
Mientras que el fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal establece que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Según el ministerio público, en una reunión que Quijano sostuvo con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, pidió a los cabecillas terroristas de la Mara Salvatrucha y a los de dos facciones de la Pandilla 18, que votaran en segunda vuelta por ARENA y que, en caso de ganar la presidencia, invertiría $100 millones en las pandillas y que los fondos iban a salir del presupuesto general de la nación.
Para la vista pública la Fiscalía ha ofrecido los relatos de dos testigos criteriados, Salomón y Noé, quienes llegarán a declarar los ofrecimientos que se les hizo y que recibieron $100,000 a través del alemán Paolo Lüers. A la MS le entregaron $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una, esa información aportará Salomón.
El testigo Noé, afirmará que Norman Quijano, les pidió votar por ARENA y que dejaran a la gente ir a votar. Que con los $100 millones para las pandillas se trabajaría, supuestamente, en la reinserción, que las pandillas iban a tener libertad de movimiento y se les quitaría todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
