Judicial
Norman Quijano enfrenta juicio por negociar con pandillas y pedir que votaran para ser electo presidente
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador enjuicia desde hoy como imputado ausente a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014.
La Fiscalía General de la República lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, delitos graves que podrían llevar a imponerle una pena máxima de 21 años de prisión si los magistrados lo encuentran responsable y le imponen la pena máxima por cada ilícito.
A Quijano, la Cámara Primera de lo Penal, al finalizar la audiencia preliminar le decretó un auto de apertura a juicio aplicándole el artículo 345 que todavía contiene la pena de cinco a 15 años de prisión porque los hechos atribuidos fueron consumados en el 2014 y al ser llevado a sede judicial en enero de 2022, la Asamblea todavía no había reformado ese artículo.
Fue hasta el 30 de marzo de 2022 que las agrupaciones ilícitas fueron modificadas y sancionadas con cárcel de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y hasta 60 para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas.
Al excandidato a la presidencia por ARENA lo enjuician bajo las reglas del 345 derogado el cual menciona. «El que por si o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de algunas prerrogativas u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones, será sancionado con prisión de cinco a 15 años».
Mientras que el fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal establece que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Según el ministerio público, en una reunión que Quijano sostuvo con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, pidió a los cabecillas terroristas de la Mara Salvatrucha y a los de dos facciones de la Pandilla 18, que votaran en segunda vuelta por ARENA y que, en caso de ganar la presidencia, invertiría $100 millones en las pandillas y que los fondos iban a salir del presupuesto general de la nación.
Para la vista pública la Fiscalía ha ofrecido los relatos de dos testigos criteriados, Salomón y Noé, quienes llegarán a declarar los ofrecimientos que se les hizo y que recibieron $100,000 a través del alemán Paolo Lüers. A la MS le entregaron $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una, esa información aportará Salomón.
El testigo Noé, afirmará que Norman Quijano, les pidió votar por ARENA y que dejaran a la gente ir a votar. Que con los $100 millones para las pandillas se trabajaría, supuestamente, en la reinserción, que las pandillas iban a tener libertad de movimiento y se les quitaría todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
