Judicial
Mujer vivió traumada en su propio hogar tras encontrar los cuerpos de su esposo e hija asesinados en el piso de su vivienda
La vida de una mujer cambió el mismo día en que su hija y su esposo fueron asesinados por un pandillero dentro de su vivienda en la Residencial Libertad Obrera, en el municipio de Ilopango, en San Salvador.
María (nombre modificado por seguridad) y su familia habían vivido por un tiempo en ese lugar, a pesar de estar rodeados de pandillas. No habían tenido problemas pero esto estaría a punto de cambiar a manos de Jonathan C., de 20 años de edad, un miembro de la Mara Salvatrucha (MS), quien sin mediar palabras asesinó a su esposo Agustín, de 56 años, y a Violeta, su hija de 25 años, mientras descansaban en su casa.
“Yo andaba con hijo comprando una cosas y cuando regresamos encontramos la puerta abierta y vimos los dos cuerpos tirados en el piso”, relató María luego de duros meses después de la fatídica noche.
Explicó a las autoridades que meses atrás se habían mudado de San Bartolo con el objetivo de tener una vida más tranquila. Ella vivía desde hace 36 años con Agustín, con quien habían procreado dos hijos: Antonio (nombre modificado por seguridad) y Violenta quien recientemente se había casado y tenido un hijo.
“Nosotros no teníamos problemas con nadie pero pensamos que (el asesinato) fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”, sospechó la mujer.
Los días posteriores al asesinato se convirtieron en su mayor pesadilla, ya que cada vez que regresaba de sus diligencias diarias la escena chocante regresaba a su cabeza una y otra vez. “Cuando abría la puerta miraba las imágenes de los dos cuerpos tirados en el piso, me sentía devastada. Pasaba con miedo porque pensaba que regresarían a matarme”, señaló.
El dolor de la pérdida de sus parientes la llevó a tomar terapias psicológicas en una clínica de Soyapango.
María tuvo que huir de su casa junto con su hijo a un lugar más seguro, donde cuida el hijo que Violeta dejó mientras que el viudo decidió escapar del país por miedo a represarías. “Yo me siento muy mal, ya nada es igual para mí”, concluyó con enojo.
El asesinato
Según el expediente judicial todo ocurrió la noche del 28 de octubre de 2017 en la residencia de María. El reloj marcaba las 7:30 de la noche, mientras Agustín y Violeta descansaban dentro de la casa, él miraba la televisión y ella se relajaba sobre su cama.
Todo parecía normal hasta que Jonathan tocó la puerta y desde adentro Agustín abrió sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Jonathan levantó su brazo sin mediar palabras le disparó e inmediatamente cayó al piso. El sujeto se introdujo en la vivienda hasta entrar al cuarto de ella, quien al verlo intentó esconderse debajo de una mesa que estaba cerca de su cama, pero fue en vano.
Uno de los testigos del caso señaló a las autoridades que Jonathan entró con un arma de fuego a la casa, se escucharon una serie de detonaciones. A los pocos minutos lo observó salir del lugar para darse a la fuga hacia un estacionamiento, ubicado al costado de la colonia.
Pasaron varios minutos para que María y su hijo llegaran y descubrieran la escena.
Luego de las investigaciones ,el caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el cual deberá decretar, a partir de las pruebas, una resolución en el juicio en contra de Jonathan C., quien es acusado de homicidio agravado.
Por: El Salvador Times.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
