Judicial
Ministerio de la Defensa confirma que empresa Centrum, propiedad de Gustavo López, devaluó armas de $480 a $42
El viceministro de Defensa, Ennio Rivera y el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) varios documentos donde se demuestra una serie de irregularidades que cometió la empresa Centrum, propiedad del presidente del Coena, Gustavo López Davidson, con una permuta de armas de la Fuerza Armada en el año 2013.
«Hemos presentado a la FGR documentos de registros que nos confirman que se devaluaron las armas de un valor inicial de $480, luego llegaron a $280 y finalmente a $42. Hay una clara manipulación de la comisión de posibles delitos de estafa, falsedad material y de tráfico de armas», explicó a medios de prensa Javier Argueta.
En esa misma línea detalló, que desde el inicio no se configuraron elementos suficientes para hablar de permuta, «los contratos son irregulares y por casualidad las empresas que participaron en ese proceso tenían el mismo representante legal y poco a poco se fueron apartando a fin de favorecer a la empresa Centrum».
«Con esta permuta, la empresa Centrum también habría cometido el delito de evasión de impuestos», detalló el profesional en derecho, al tiempo que dijo todas esas ilegalidades están debidamente documentadas y que deben ser investigadas por la Fiscalía, ya que hay contratos irregulares para favorecer la empresa de Gustavo López.
El viernes 8 de noviembre el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, interpuso una demanda en la FGR contra el empresario Gustavo López Davidson, por supuestamente haber estafado a la Fuerza Armada por un millón de dólares, al vender armas en mal estado.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
