Judicial
Más de $23 millones de dólares en lujosas propiedades de Mecafé y Funes a las que la FGR le aplicó la extinción de Dominio
La Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado este día la materalización de 61 propiedades adquiridas con fondos públicos por parte de personas relacionadas al expresidente Mauricio Funes, acusado por el desvío de 351 millones de dólares durante su gestión, entre 2009 y 2014.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio, de la FGR, informó que entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile. El valor aproximado de los bienes incautados es de 23 millones, 883 mil dólares.
Entre las empresas materializadas se encuentran Latin American Spa; Cosase; Merpinsa y Mecafé.
Las propiedades se encuentran bajo los nombres de las siguientes personas, entre ellas, familiares y empleados de confianza del ex mandatario: Juan Carlos Guzmán Berdugo; Ada Luz Sigüenza; Ada Michel Guzmán Sigüenza; Luis Miguel Ángel García García; Manuel Rivera Castro; Joaquín Eduardo Cárdenas; Ana Elizabeth Coto y José Armando Escobar Barillas.
La materialización es parte de las 85 propiedades que han sido detectadas por la FGR en la apertura de la investigación que se realiza en contra del expresidente Funes. El año pasado se intervinieron 24 de esos 85 inmuebles, ubicados en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, La Paz, La Unión, Usulután y San Miguel.
Todos los bienes incautados pasan provisionalmente a propiedad del Estado, por medio de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
