Judicial
Mareros son condenados hasta 45 años de cárcel por asesinato
Pandilleros de la 18 son condenados hasta 45 años de cárcel por asesinar al empleado bancario, Cristian Joel Mejía Quezada, en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, impuso 45 años de cárcel a Luis Antonio Anzora Hernández, mientras que a los pandilleros Jonathan Josué Carpio Méndez, Víctor Manuel Cruz Parras, Fredy Mauricio Rogel Romero y Miguel Alberto García Carpio, la pena impuesta fue de 35 años en prisión para cada uno.
Al finalizar la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) documentó de manera completa el caso, con suficientes elementos de investigación de carácter documental y pericial, principalmente con el aporte de un testigo clave que relató la manera en la cual privaron de libertad a la víctima, quien laboraba para una agencia bancaria de Soyapango.
La FGR estableció que un cabecilla de la pandilla 18 ordenó asesinar al joven, quien fue privado de libertad el 10 de enero del año 2022, y sus restos fueron exhumados en la finca La Loma, de San Martín.
En la audiencia se estableció como los asesinos planificaron el hecho, Mejía Quezada fue interceptado por los pandilleros de la comunidad Génesis de San Martín, cuando realizaba sus labores como gestor de cobros de la entidad financiera para la que laboraba.
Otros cinco mareros vinculados a esa pandilla también fueron condenados por agrupaciones ilícitas, entre ellos: Orlando Quintanilla Carpio y Kevin Adonay Mejía Sánchez Víctor Manuel Pérez Rivera, Nelson Humberto Carpio y Máximo Orlando Gámez Gil.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
