Judicial
Mareros son condenados a 80 años de prisión por quemar vivo a un taxista en San Vicente
Dos pandilleros de la MS fueron sentenciados a 40 años de cárcel cada uno por asesinar a balazos a un taxista y luego prenderle fuego con todo y vehículo durante un crimen que sucedió en 2012 en la ciudad de San Vicente.
Los criminales son un palabrero de nombre Julio Antonio Serrano Martínez y Jesús Alberto Iraheta Cruz.
El homicidio se registró el 26 de enero de 2012 en las inmediaciones de una calle que conduce al volcán de San Vicente, frente a la bomba de agua conocida como Achichilco.
Las autoridades determinaron que René Mauricio Pérez Merino iba conduciendo su vehículo cuando los dos mareros le salieron al paso y lo engañaron para que fueran a la calle antes citada.
En el lugar, uno de ellos obligó a la víctima a permanecer dentro del vehículo, mientras el otro le roció gasolina y luego de dejó caer un fósforo, el taxista intentó huir, pero fue abatido con una pistola.
El cadáver del conductor quedó cerca de las llantas traseras de la unidad y se calcinó junto al vehículo.
Los delincuentes fueron capturados días después y llevados a los tribunales para que enfrentaran las acusaciones de homicidio agravado.
Fue hasta el lunes 11 de noviembre de este año que el Juzgado de Sentencia de San Vicente condenó a Serrano Martínez e Iraheta Cruz por el crimen. Ambos fueron llevados al penal de Chalatenango.
Fuentes oficiales detallaron que los asesinos ya habían estado presos por otros delitos, por lo que su estancia en prisión se verá aumentada por lo menos otros 40 años cada uno.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
