Judicial
Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, procesa a mujer que atropelló a un anciano en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso con medidas sustitutivas a la detención contra Ana Miriam R., de 60 años, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de homicidio culposo en contra de un adulto mayor.
Entre las medidas impuestas se estableció que la procesada deberá presentarse cada 15 días al Juzgado de Tránsito a firmar, debido a que fue hacia donde se remitió el proceso. Además, no podrá salir del país.
Los hechos por los que está siendo procesada la mujer ocurrieron la mañana del pasado 12 de agosto, entre la 7a. Calle Poniente y Avenida Independencia Sur, de dicha ciudad.
La conductora circulaba en el vehículo, placas P666-459, en el cual hizo un giro a la izquierda, lo cual resultó en un fatal accidente que cobró la vida de Marcelo de Jesús García, de 81 años.
Según los reportes, expuestos por Centros Judiciales de El Salvador, la causante del percance sería “por distracción, falta de precaución y no ir atenta al movimiento peatonal”, por lo cual “infringió los Artículos 88 de la Ley de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial y el Artículo 165 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial”.
La víctima fue auxiliada y llevada en una ambulancia de Cruz Verde Salvadoreña al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, resultando con lesiones graves que luego le causaron el falleciendo a las 5:10 de la tarde.
El proceso será conocido por el Juzgado de Tránsito, que se encuentra en el Centro Judicial Dr. Ángel Góchez Castro de la ciudad santaneca.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
