Judicial
Juzgado ordena que $23,255 que la MS tenía enterrado en el patio de un casa y en un cañal pasen al Estado
Una sentencia del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador ordena que $23,255 decomisados a la Mara Salvatrucha pasen al Estado.
El dinero era propiedad de la clica Los Ángeles, del programa Shulton, departamento de Usulután y fue incautado en dos procedimientos realizados por la Policía Nacional Civil (PNC), el 15 y 16 de septiembre de 2019.
En las indagaciones realizadas por las autoridades se determinó que los más de $23,000 eran producto de actividades ilícitas como extorsión, tráfico de droga y armas.
El caso comenzó a ser investigado luego que un informante alertara que los terroristas de la MS ocultaban armas de fuego y dinero en dos propiedades vinculadas a esa estructura de crimen organizado.
La Fiscala junto la Policía Nacional Civil solicitaron a un juzgado que permitiera ingresar a los inmuebles para corroborar la información y al tener las órdenes de allanamiento, el 15 de septiembre registraron una vivienda en el municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, en el inmueble hallaron $17,760 enterrados en el patio.
En un segundo procedimiento, fiscales y policías encontraron $5,495 en un cañal del Caserío La Cañada, de Puerto Parada, Usulután, el dinero estaba oculto en un bolso enterrado entre la maleza.
En la audiencia de sentencia, el juez accedió a la pretensión de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, dijo que la representación fiscal logró probar que el dinero era de la Mara Salvatrucha un grupo calificado como terrorista.
Que la estructura tiene incidencia en los municipios donde ejecutaron los decomisos y que, además, esos fondos provienen de una serie de hechos delictivos propios de ese grupo terrorista.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
