El fallo de la audiencia inicial desarrollada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador en contra de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, y todos 24 imputados en el caso de Saqueo Público fue enviar el caso a instrucción y detención para todos los acusados.
«Ha sido el juez quien sorpresivamente ha tomado la decisión sobre la detención de ella Pignato), pero por supuesto que haré uso de los medios recursivos que sean pertinentes», comentó la abogada defensora de la exprimera Dama de la República, Francis Varquero.
«La Fiscalía argumentó no solo es el tema del quebranto de salud, sino que ella se ha presentado cada vez que ha sido requerida por cualquier instancia. Hoy se presentaron las constancias médicas que le imposibilitaron presentarse a esta audiencia», añadió Varquero, quien dijo no comprender la decisión del juez.
El fiscal del caso se mostró satisfecho de la resolución del juez e informó que a todos los imputados se les ha decretado detención, tanto para los seis presentes, como a los ausentes. Informó que incluso se girará una petición a Interpol para que señale una difusión roja para los que se encuentren fuera del país.
El Ministerio Público había pedido medidas alternas a la detención para el caso de Vanda, por problemas de salud. Sin embargo, el juez decidió imponerle la detención.
Para Francis Varquero, abogada defensora de Pignato, la medida es «excesiva» y se mostró sorprendida por la decisión del juez.
En la audiencia, misma que finalizó en horas de la madrugada de este lunes, solo fueron presentados los seis detenidos, pero tres personas más fueron intimadas en centros penales del país: Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Hernández, tres exempleados de Casa Presidencial en el periodo de Antonio Saca y que han sido involucrados en ese otro caso.
Asimismo, se hicieron presentes los abogados defensores de 17 imputados que no estaban presentes, a quienes también se les decretó detención.
El juez aún no ha resuelto el futuro jurídico del expresidente Mauricio Funes, ni de su compañera de vida Ada Mitchel Guzmán y otros cuatro implicados, que no enviaron representante legal a la audiencia inicial.
La FGR giró una orden de captura en contra de 31 personas, a quienes les imputan una relación con Funes, quien habría tomado más de $351 millones provenientes de fondos del Estado, por lo que este será acusado por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos.
Además, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, indicó que han girado una orden de captura contra el expresidente y una para su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, dos de sus hijos y varios de sus hombres de confianza.