Judicial
Juez gira orden de captura para Vanda Pignato y envía a prisión a «Mecafé» y a los implicados en Caso Funes
El fallo de la audiencia inicial desarrollada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador en contra de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, y todos 24 imputados en el caso de Saqueo Público fue enviar el caso a instrucción y detención para todos los acusados.
«Ha sido el juez quien sorpresivamente ha tomado la decisión sobre la detención de ella Pignato), pero por supuesto que haré uso de los medios recursivos que sean pertinentes», comentó la abogada defensora de la exprimera Dama de la República, Francis Varquero.
«La Fiscalía argumentó no solo es el tema del quebranto de salud, sino que ella se ha presentado cada vez que ha sido requerida por cualquier instancia. Hoy se presentaron las constancias médicas que le imposibilitaron presentarse a esta audiencia», añadió Varquero, quien dijo no comprender la decisión del juez.
El fiscal del caso se mostró satisfecho de la resolución del juez e informó que a todos los imputados se les ha decretado detención, tanto para los seis presentes, como a los ausentes. Informó que incluso se girará una petición a Interpol para que señale una difusión roja para los que se encuentren fuera del país.
El Ministerio Público había pedido medidas alternas a la detención para el caso de Vanda, por problemas de salud. Sin embargo, el juez decidió imponerle la detención.
Para Francis Varquero, abogada defensora de Pignato, la medida es «excesiva» y se mostró sorprendida por la decisión del juez.
En la audiencia, misma que finalizó en horas de la madrugada de este lunes, solo fueron presentados los seis detenidos, pero tres personas más fueron intimadas en centros penales del país: Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Hernández, tres exempleados de Casa Presidencial en el periodo de Antonio Saca y que han sido involucrados en ese otro caso.
Asimismo, se hicieron presentes los abogados defensores de 17 imputados que no estaban presentes, a quienes también se les decretó detención.
El juez aún no ha resuelto el futuro jurídico del expresidente Mauricio Funes, ni de su compañera de vida Ada Mitchel Guzmán y otros cuatro implicados, que no enviaron representante legal a la audiencia inicial.
La FGR giró una orden de captura en contra de 31 personas, a quienes les imputan una relación con Funes, quien habría tomado más de $351 millones provenientes de fondos del Estado, por lo que este será acusado por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos.
Además, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, indicó que han girado una orden de captura contra el expresidente y una para su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, dos de sus hijos y varios de sus hombres de confianza.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
