Judicial
Juez gira orden de captura para Vanda Pignato y envía a prisión a «Mecafé» y a los implicados en Caso Funes
El fallo de la audiencia inicial desarrollada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador en contra de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, y todos 24 imputados en el caso de Saqueo Público fue enviar el caso a instrucción y detención para todos los acusados.
«Ha sido el juez quien sorpresivamente ha tomado la decisión sobre la detención de ella Pignato), pero por supuesto que haré uso de los medios recursivos que sean pertinentes», comentó la abogada defensora de la exprimera Dama de la República, Francis Varquero.
«La Fiscalía argumentó no solo es el tema del quebranto de salud, sino que ella se ha presentado cada vez que ha sido requerida por cualquier instancia. Hoy se presentaron las constancias médicas que le imposibilitaron presentarse a esta audiencia», añadió Varquero, quien dijo no comprender la decisión del juez.
El fiscal del caso se mostró satisfecho de la resolución del juez e informó que a todos los imputados se les ha decretado detención, tanto para los seis presentes, como a los ausentes. Informó que incluso se girará una petición a Interpol para que señale una difusión roja para los que se encuentren fuera del país.
El Ministerio Público había pedido medidas alternas a la detención para el caso de Vanda, por problemas de salud. Sin embargo, el juez decidió imponerle la detención.
Para Francis Varquero, abogada defensora de Pignato, la medida es «excesiva» y se mostró sorprendida por la decisión del juez.
En la audiencia, misma que finalizó en horas de la madrugada de este lunes, solo fueron presentados los seis detenidos, pero tres personas más fueron intimadas en centros penales del país: Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Hernández, tres exempleados de Casa Presidencial en el periodo de Antonio Saca y que han sido involucrados en ese otro caso.
Asimismo, se hicieron presentes los abogados defensores de 17 imputados que no estaban presentes, a quienes también se les decretó detención.
El juez aún no ha resuelto el futuro jurídico del expresidente Mauricio Funes, ni de su compañera de vida Ada Mitchel Guzmán y otros cuatro implicados, que no enviaron representante legal a la audiencia inicial.
La FGR giró una orden de captura en contra de 31 personas, a quienes les imputan una relación con Funes, quien habría tomado más de $351 millones provenientes de fondos del Estado, por lo que este será acusado por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos.
Además, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, indicó que han girado una orden de captura contra el expresidente y una para su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, dos de sus hijos y varios de sus hombres de confianza.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
