Judicial
Joven arriesgó su vida por no entregar su celular a ladrón que lo atacó con arma blanca
David L., de 37 años está acusado de realizar un robo contra tres miembros de una misma familia que caminaban en una vereda de la zona conocida como San Mauricio, ubicada en el departamento de Santa Ana.
De acuerdo con las autoridades, los delitos por los que el sujeto está acusado son de robo y daños.
Fuentes fiscales informaron que los hechos ocurrieron en agosto de este año cuando la víctima, de nombre con clave “Danilo”, salió de su casa junto a dos personas de su familia a hacer un mandado.
Cuando caminaban por la zona de San Mauricio, David L. les salió al paso donde inicialmente lo ignoraron, sin embargo, el sujeto enfurecido sacó un cuchillo y le gritó a uno de los tres familiares: “Detenete, si no te querés morir”.
Ante la amenaza, las víctimas se detuvieron por lo que el sujeto trató de arrebatarle el celular de las manos a “Danilo”, quien trató de defenderse, pero David L., con cuchillo en mano, lo tomó del cuello.
En medio del forcejeo el ladrón tiró al suelo a la víctima, se le fue encima, lo golpeó a puño cerrado hasta quebrarle los lentes, para ponerle el cuchillo en el cuello a la víctima y le pidió, una vez más, que le entregara el teléfono.
Los familiares de “Danilo” trataron de auxiliar a la víctima, pero el sujeto los atacó a golpes y después de completar el robo huyó del lugar.
Las víctimas interpusieron la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC) y después de las investigaciones se logró capturar al sujeto.
Las autoridades lo presentaron ante el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, cuyo juez decidió que habían los indicios suficientes en los que David L., cometió los delitos, por lo que decidió continuar el proceso judicial.
El Juez decidió que continuara el proceso con medidas sustitutivas a la detención
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
