Judicial
Fiscalía procesará a Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Aristides Valencia y Raúl Mijango por negociar con pandillas
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo requerimiento en contra de políticos, exfuncionarios y funcionarios por presuntos vínculos con miembros de estructuras criminales, ahora buscaran procesar a siete personas.
Entre los nombres confirmados están: el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; los exministros de Justicia y Gobernación, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente; el analista político, Paolo Paolo Lüers; Raúl Mijango y Salvador Ruano, para quien se pide sobreseimiento porque ya falleció.
La lista la completan Wilson Alvarado, quien supuestamente sirvió de enlace con el FMLN y las pandillas, y con los políticos.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron tres cajas en las que contenían documentos en los que se sustenta el nuevo requerimiento contra otros implicados en negociar con pandillas.
El documento fue presentado por la mañana en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, pero por la sobrecarga de trabajo de ese tribunal, el documento fue presentado hasta en horas de la tarde de este sábado, contra los políticos y funcionarios y exfuncionarios vinculados con pandillas.
La misma FGR adelantó que no pedirá la detención para los acusados. Se limitará a pedir que se presenten cada 15 días al tribunal respectivo, pagar una fianza de $100 mil para cada uno y evitar cualquier comunicación con cualquier miembro de estructuras criminales.
Todos los imputados son acusados por los delitos de agrupaciones Ilícitas y por fraude electoral.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se mostró satisfecho ante el requerimiento.
“Lo dije hace meses: Sea quien sea que se encuentre involucrado, será procesado”, dijo el fiscal general en su cuenta de Twitter.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
