Judicial
Fiscalía procesará a Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Aristides Valencia y Raúl Mijango por negociar con pandillas
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo requerimiento en contra de políticos, exfuncionarios y funcionarios por presuntos vínculos con miembros de estructuras criminales, ahora buscaran procesar a siete personas.
Entre los nombres confirmados están: el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; los exministros de Justicia y Gobernación, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente; el analista político, Paolo Paolo Lüers; Raúl Mijango y Salvador Ruano, para quien se pide sobreseimiento porque ya falleció.
La lista la completan Wilson Alvarado, quien supuestamente sirvió de enlace con el FMLN y las pandillas, y con los políticos.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron tres cajas en las que contenían documentos en los que se sustenta el nuevo requerimiento contra otros implicados en negociar con pandillas.
El documento fue presentado por la mañana en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, pero por la sobrecarga de trabajo de ese tribunal, el documento fue presentado hasta en horas de la tarde de este sábado, contra los políticos y funcionarios y exfuncionarios vinculados con pandillas.
La misma FGR adelantó que no pedirá la detención para los acusados. Se limitará a pedir que se presenten cada 15 días al tribunal respectivo, pagar una fianza de $100 mil para cada uno y evitar cualquier comunicación con cualquier miembro de estructuras criminales.
Todos los imputados son acusados por los delitos de agrupaciones Ilícitas y por fraude electoral.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se mostró satisfecho ante el requerimiento.
“Lo dije hace meses: Sea quien sea que se encuentre involucrado, será procesado”, dijo el fiscal general en su cuenta de Twitter.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
