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Judicial

Fiscalía procesará a Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Aristides Valencia y Raúl Mijango por negociar con pandillas

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo requerimiento en contra de políticos, exfuncionarios y funcionarios por presuntos vínculos con miembros de estructuras criminales, ahora buscaran procesar a siete personas. 

Entre los nombres confirmados están: el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; los exministros de Justicia y Gobernación, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente; el analista político, Paolo Paolo Lüers; Raúl Mijango y Salvador Ruano, para quien se pide sobreseimiento porque ya falleció.

La lista la completan Wilson Alvarado, quien supuestamente sirvió de enlace con el FMLN y las pandillas, y con los políticos.

Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron tres cajas en las que contenían documentos en los que se sustenta el nuevo requerimiento contra otros implicados en negociar con pandillas.

El documento fue presentado por la mañana en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, pero por la sobrecarga de trabajo de ese tribunal, el documento fue presentado hasta en horas de la tarde de este sábado, contra los políticos y funcionarios y exfuncionarios vinculados con pandillas.

La misma FGR adelantó que no pedirá la detención para los acusados. Se limitará a pedir que se presenten cada 15 días al tribunal respectivo, pagar una fianza de $100 mil para cada uno y evitar cualquier comunicación con cualquier miembro de estructuras criminales.

Todos los imputados son acusados por los delitos de agrupaciones Ilícitas y por fraude electoral.

Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se mostró satisfecho ante el requerimiento.

“Lo dije hace meses: Sea quien sea que se encuentre involucrado, será procesado”, dijo el fiscal general en su cuenta de Twitter.

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Judicial

22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Judicial

Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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Judicial

15 años de cárcel para dos extorsionistas

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En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.

Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.

Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

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