Judicial
Fiscalía procesará a Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Aristides Valencia y Raúl Mijango por negociar con pandillas
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo requerimiento en contra de políticos, exfuncionarios y funcionarios por presuntos vínculos con miembros de estructuras criminales, ahora buscaran procesar a siete personas.
Entre los nombres confirmados están: el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; los exministros de Justicia y Gobernación, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente; el analista político, Paolo Paolo Lüers; Raúl Mijango y Salvador Ruano, para quien se pide sobreseimiento porque ya falleció.
La lista la completan Wilson Alvarado, quien supuestamente sirvió de enlace con el FMLN y las pandillas, y con los políticos.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron tres cajas en las que contenían documentos en los que se sustenta el nuevo requerimiento contra otros implicados en negociar con pandillas.
El documento fue presentado por la mañana en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, pero por la sobrecarga de trabajo de ese tribunal, el documento fue presentado hasta en horas de la tarde de este sábado, contra los políticos y funcionarios y exfuncionarios vinculados con pandillas.
La misma FGR adelantó que no pedirá la detención para los acusados. Se limitará a pedir que se presenten cada 15 días al tribunal respectivo, pagar una fianza de $100 mil para cada uno y evitar cualquier comunicación con cualquier miembro de estructuras criminales.
Todos los imputados son acusados por los delitos de agrupaciones Ilícitas y por fraude electoral.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se mostró satisfecho ante el requerimiento.
“Lo dije hace meses: Sea quien sea que se encuentre involucrado, será procesado”, dijo el fiscal general en su cuenta de Twitter.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
