Judicial
Fiscalía pide que acusado de dar golpiza a joven en cancha de residencial Tuscania siga en prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer que Diego Marcelo Oviedo Ávalos, acusado de dar una golpiza a un joven en la cancha de la residencial Tuscania, en La Libertad siga en prisión mientras continúan las investigaciones.
Oviedo Ávalos será proceso por intento de homicidio, según han dicho autoridades fiscales.
Oviedo Ávalos fue capturado el 20 de febrero. Dos días después de que sucediera la agresión.
«Gracias a las acciones ejecutadas en coordinación con la @PNCSV, esta tarde ha sido posible ejecutar la orden de captura contra Diego Marcelo Oviedo Ávalos, a quien se le acusa de homicidio tentado», detalló el ministerio público.
#Requerimiento | Esta tarde, la @FGR_SV ha presentado solicitud para que Diego Marcelo Oviedo Ávalos se mantenga en prisión mientras continúan las investigaciones.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 6, 2023
Oviedo es acusado de intentar asesinar a una persona, durante un partido de fútbol. pic.twitter.com/jAAUBArU2k
Oviedo fue ubicado un día después de que las autoridades hicieran un allanamiento en la vivienda del golpeador, donde solo ubicaron el vehículo en el que huyó el universitario después de cometer el delito.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado, en un acto de prepotencia, agredió a un joven mientras jugaban un partido de fútbol.
Francela Marinero Pineda, la novia de la víctima fue quien denunció el caso en Twitter. Indicó que el hecho ocurrió el viernes 17 de febrero a las 10:00 de la noche cuando su novio fue golpeado brutalmente por personas a las que calificó de inhumanas y violentas.
«Fue un viernes común para él (la víctima), donde sale, comparte y juega con sus amigos, pero llegaron como invitados unos tipos que solo eran “conocidos de un invitado al juego», narró.
La muchacha contó que uno de los jugadores llevó a los agresores al «juego amistoso»; pero relató que el juego salió mal desde el inicio, «estas personas irrespetuosas y mal intencionadas, empezaron a golpear a los amigos de Christian; pero ellos «arreglaron y dijeron que solo era un juego, que siguieran normal…».
El juego siguió por 15 minutos, pero el problema fue más grave, «cuando uno de los jugadores, le hizo falta a Christian, y él le dijo: “Hey men tranquilízate”». Entonces fue cuando Oviedo se le abalanzó a la víctima y empezó a golpearle el rostro, «pasaron un par de segundos, cuando todos los jugadores se fueron en contra de él (la víctima), a golpearlo, obviamente sus amigos se metieron a lograr detener esto, pero hubo un responsable», publicó Marinero.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
