Judicial
Fiscal general asegura que estructura liderada por Sigfrido Reyes movió $6 millones a través del sistema financiero del país
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, compartió este viernes una serie de detalles sobre los actos ilícitos que habría cometido el dirigente y ex diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, quien actualmente es prófugo de la justicia.
Según las investigaciones, Reyes huyó del país el pasado 22 de noviembre, tras conocer de una investigación en su contra por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa agravada.
El Fiscal Melara detalló que la estructura que lideraba Sigfrido Reyes habría movido de forma ilícita cerca de $6 millones en diferentes instituciones financieras del país.
«En operativo realizado ayer, en horas de la noche, se ha capturado a 10 personas involucradas con los delitos de Lavado de Dinero y activos, peculado y estafa agravada cometidos por el señor expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes», expresó el fiscal general.
Agregando que «estas personas conformaron una estructura criminal que movió alrededor de $6 millones de dólares en operaciones Ilícitas».
Actualmente, un total de 10 personas han sido detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) por pertenecer a esta estructura delictiva, entre los que se encuentra Susy de Reyes, esposa de Sigfrido.
Melara calificó el hecho de indignante, al verse violentado los derecho humanos de los ciudadanos salvadoreños con este tipo de prácticas deshonestas por parte de un ex funcionario.
A su vez, dijo que este caso es parte de su compromiso en el combate a la corrupción en El Salvador.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
