Judicial
FGR logra que marero homicida sea condenado a 129 años de prisión

Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, demostraron que el integrante de la MS, Francisco Obdulio Baires Zamora, planificó y ordenó el asesinato de seis personas con arma de fuego, entre los años 2015 y 2017 en los municipios de Corinto, Morazán y Lislique en La Unión.
Con diferentes pruebas, la representación fiscal estableció que dentro de sus funciones con el rango de “Corredor de clica”, Baires Zamora es el autor intelectual de tres Homicidios Agravados cometidos en el 2015 en Corinto, dos perpetrados en el 2016 en Lislique y uno en el 2017 en Corinto.
Entre los crímenes está el del mototaxista, Noé Esaú Rubio Salmerón, que fue acribillado a tiros en Corinto, cuando conducía un mototaxi, el nueve de junio del año dos mil quince, en horas de la mañana.
Otros de los homicidios en el mismo municipio se cometieron en el 2015, en perjuicio de José Inocencio Cabrera Benítez el 4 de mayo; el de Carlos Mario Flores Laínez el 18 de agosto, el de Henry Alexander Henríquez Alas el 8 de febrero del 2016; el de José René Villatoro, el 15 de septiembre del 2017; y el de José Kellis Granados Bonilla, el 14 de noviembre del 2016 en Lilique.
Por cada uno de los Homicidios Agravados se le impusieron 20 años de prisión, sumando 120 años, a los que se le agregaron otros 9 años por el delito de Agrupaciones Ilícitas, haciendo un total de 129 años.
En el juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, también se juzgó y se condenó a otro miembro de la MS, Rodolfo Antonio Soto, al que se le sentenció por Agrupaciones Ilícitas, imponiéndole 4 años de cárcel.

Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Judicial
FGR entrega a Eluzur Rumpler a autoridades de Israel por abuso contra menores
Judicial
Localizan restos de joven desaparecido en 2020; pandilleros enfrentan juicio por el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.