Judicial
FGR logra que marero homicida sea condenado a 129 años de prisión
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, demostraron que el integrante de la MS, Francisco Obdulio Baires Zamora, planificó y ordenó el asesinato de seis personas con arma de fuego, entre los años 2015 y 2017 en los municipios de Corinto, Morazán y Lislique en La Unión.
Con diferentes pruebas, la representación fiscal estableció que dentro de sus funciones con el rango de “Corredor de clica”, Baires Zamora es el autor intelectual de tres Homicidios Agravados cometidos en el 2015 en Corinto, dos perpetrados en el 2016 en Lislique y uno en el 2017 en Corinto.
Entre los crímenes está el del mototaxista, Noé Esaú Rubio Salmerón, que fue acribillado a tiros en Corinto, cuando conducía un mototaxi, el nueve de junio del año dos mil quince, en horas de la mañana.
Otros de los homicidios en el mismo municipio se cometieron en el 2015, en perjuicio de José Inocencio Cabrera Benítez el 4 de mayo; el de Carlos Mario Flores Laínez el 18 de agosto, el de Henry Alexander Henríquez Alas el 8 de febrero del 2016; el de José René Villatoro, el 15 de septiembre del 2017; y el de José Kellis Granados Bonilla, el 14 de noviembre del 2016 en Lilique.
Por cada uno de los Homicidios Agravados se le impusieron 20 años de prisión, sumando 120 años, a los que se le agregaron otros 9 años por el delito de Agrupaciones Ilícitas, haciendo un total de 129 años.
En el juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, también se juzgó y se condenó a otro miembro de la MS, Rodolfo Antonio Soto, al que se le sentenció por Agrupaciones Ilícitas, imponiéndole 4 años de cárcel.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
