Judicial
FGR logra que marero homicida sea condenado a 129 años de prisión
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, demostraron que el integrante de la MS, Francisco Obdulio Baires Zamora, planificó y ordenó el asesinato de seis personas con arma de fuego, entre los años 2015 y 2017 en los municipios de Corinto, Morazán y Lislique en La Unión.
Con diferentes pruebas, la representación fiscal estableció que dentro de sus funciones con el rango de “Corredor de clica”, Baires Zamora es el autor intelectual de tres Homicidios Agravados cometidos en el 2015 en Corinto, dos perpetrados en el 2016 en Lislique y uno en el 2017 en Corinto.
Entre los crímenes está el del mototaxista, Noé Esaú Rubio Salmerón, que fue acribillado a tiros en Corinto, cuando conducía un mototaxi, el nueve de junio del año dos mil quince, en horas de la mañana.
Otros de los homicidios en el mismo municipio se cometieron en el 2015, en perjuicio de José Inocencio Cabrera Benítez el 4 de mayo; el de Carlos Mario Flores Laínez el 18 de agosto, el de Henry Alexander Henríquez Alas el 8 de febrero del 2016; el de José René Villatoro, el 15 de septiembre del 2017; y el de José Kellis Granados Bonilla, el 14 de noviembre del 2016 en Lilique.
Por cada uno de los Homicidios Agravados se le impusieron 20 años de prisión, sumando 120 años, a los que se le agregaron otros 9 años por el delito de Agrupaciones Ilícitas, haciendo un total de 129 años.
En el juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, también se juzgó y se condenó a otro miembro de la MS, Rodolfo Antonio Soto, al que se le sentenció por Agrupaciones Ilícitas, imponiéndole 4 años de cárcel.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
