Judicial
FGR logra condena de 50 años de prisión para 4 pandilleros acusados de actos de terrorismo
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Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de prisión cada uno luego de encontrarlos culpables del delito de Actos de Terrorismo, en un hecho que se dio en el año 2015 en el municipio de Mejicanos.
Carlos Antonio Flores Aguirre, Diego Orlando Alvarenga, Oswald David Fernández y Max García Montes enfrentaron la vista pública instalada por el Juzgado Sexto de Sentencia de esta capital, luego de que la misma se había frustrado en varias oportunidades por diferentes circunstancias, pero en esta oportunidad la juez valoró y aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía en donde se establecía la participación delincuencial de los sujetos en el hecho que se les imputa.
Según la fiscal de la Unidad de Vida de la oficina de Mejicanos, los hechos tuvieron lugar el 15 de julio de 2015 cuando los sujetos atacaron con arma de fuego una sede judicial de ese municipio, en donde hubo personas lesionadas; no obstante, y pese a que la representación fiscal había agregado el delito de homicidio en grado de tentativa, el Tribunal únicamente los condeno por el de actos de terrorismo.
La fiscal del caso dijo sentirse satisfecha con el resultado por cuanto con el mismo se hace justicia, en un hecho que en su momento creó mucha expectativa en la zona por la forma cruel e indiscriminada con que actuaron los imputados a quienes no les importó la hora en que por el lugar circulaba mucha gente, para cometer el ilícito.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
