Judicial
FGR logra condena de 50 años de prisión para 4 pandilleros acusados de actos de terrorismo
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Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de prisión cada uno luego de encontrarlos culpables del delito de Actos de Terrorismo, en un hecho que se dio en el año 2015 en el municipio de Mejicanos.
Carlos Antonio Flores Aguirre, Diego Orlando Alvarenga, Oswald David Fernández y Max García Montes enfrentaron la vista pública instalada por el Juzgado Sexto de Sentencia de esta capital, luego de que la misma se había frustrado en varias oportunidades por diferentes circunstancias, pero en esta oportunidad la juez valoró y aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía en donde se establecía la participación delincuencial de los sujetos en el hecho que se les imputa.
Según la fiscal de la Unidad de Vida de la oficina de Mejicanos, los hechos tuvieron lugar el 15 de julio de 2015 cuando los sujetos atacaron con arma de fuego una sede judicial de ese municipio, en donde hubo personas lesionadas; no obstante, y pese a que la representación fiscal había agregado el delito de homicidio en grado de tentativa, el Tribunal únicamente los condeno por el de actos de terrorismo.
La fiscal del caso dijo sentirse satisfecha con el resultado por cuanto con el mismo se hace justicia, en un hecho que en su momento creó mucha expectativa en la zona por la forma cruel e indiscriminada con que actuaron los imputados a quienes no les importó la hora en que por el lugar circulaba mucha gente, para cometer el ilícito.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
