Judicial
Extorsionistas del mercado La Tiendona, reciben duras condenas que van entre los 46 y 22 años de prisión
La Unidad Fiscal Especializada Crimen Organizado y Delitos de Extorsión, logró que el Tribunal Especializado de Sentencia “B” de San Salvador, condenara a los principales miembros de la estructura delincuencial de la pandilla 18 revolucionarios que operaba en el mercado de La Tiendona, procesados por extorsionar comerciantes de ese centro de abastos y otros delitos.
Durante la vista pública, se condenaron a 21 imputados, y dentro de las penas más destacadas esta la impuesta al máximo líder de esa estructura entre los años 2017 y 2018, Marlon Salvador Bonilla alias “Sayco”, a 46 años de prisión; los segundos mandos, Isaac Samael Escobar Bonilla, alias “Crazy”, a 36 años; y Jefry Antonio Castro, alias “Jefry”, a 22 años de cárcel, siendo estas condenas un fuerte golpe a la estructura de ejecución del delito de extorsión que ha dominado ese mercado.
El fiscal del caso informó que, durante la audiencia de Vista Pública, presentó abundantes elementos de prueba, los cuales demostraron que los imputados participaron en los ilícitos de Extorsión Agravada y Agrupaciones ilícitas; los sujetos fueron capturados en el marco de la “Operación Escudo Regional III”, ejecutada a nivel nacional.
Los pandilleros extorsionaban de forma telefónica y personalmente a sus víctimas, los encargados de recolectar el dinero eran los pandilleros activos de la agrupación que ocupaban el nivel más bajo dentro de la estructura jerárquica.
Durante las investigaciones, se logró establecer que eran cuatro modalidades de extorsión las que realizaban los implicados: cobraban semanalmente a cada uno de los puestos de ese mercado; también, cuando un miembro de la pandilla era capturado, las víctimas pagaban una segunda renta para el pago de abogados; además, cuando se les antojaba a los cabecillas, exigían otra extorsión y la cuarta era una cuota en la época navideña y se las exigían en concepto de aguinaldo.
Esas acciones criminales permitían que los cabecillas pudieran vivir en zonas residenciales fuera del área donde operan y en donde fueron detenidos.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
