Judicial
Exsecretario particular de Saca es condenado a devolver al Estado $294,000
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito a Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009, mientras que su esposa Ana Leonor Morales Luna, fue exonerada.
En el fallo emitido por las magistradas se le ha condenado a devolver al Estado $294,305.18 que fue el incremento patrimonial no justificado producto de 10 irregularidades, en cuanto a la esposa del exfuncionario, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía pedía que se le condenara a regresar $14,189 pero al no probársele el enriquecimiento ilícito queda exenta de devolver ese monto.
Según la resolución, Rosales Franco no presentó pruebas para justificar el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad en el período del 1 de junio 2004 al 31 de mayo 2009, durante el mandato presidencial de Elías Antonio Saca.
La Cámara no le dio credibilidad a lo dicho por el exfuncionario quien manifestó que parte de ese incremento en su patrimonio fue porque era catedrático de una universidad privada y que recibía remesas familiares del extranjero por parte de sus dos hermanos.
Rosales dijo en la audiencia probatoria que mensualmente sus dos hermanos le mandaban desde Estados Unidos $5,500 para costear la enfermedad de sus padres y que por eso se estuvo registrando ingresos a su favor.
Las magistradas en su fallo manifestaron que pese al testimonio que rindieron los dos hermanos del demandado, no se especificó monto exacto de los envíos que hicieron y por lo tanto no fue prueba idónea para respaldar y acreditar las remesas.
Los abogados de Rosales Franco argumentaron ante la Cámara que en su calidad de secretario particular manejó fondos y de ahí ese reflejo de incremento de dinero, pero una magistrada al leer el fallo dijo: «No es necesario que el funcionario maneje fondos del Estado para enriquecerse ilícitamente, sino que puede aprovecharse de su cargo para hacerlo».
Rosales Franco también argumentó que como secretario particular recibió montos compensatorios provenientes de gastos reservados de la Presidencia de la República para inteligencia y otros rubros como emolumentos, mejor conocidos como sobresueldos, pero la Cámara ha dicho que no se acreditó esos fondos y cantidades concretas recibidas.
Por: DES.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
