Judicial
Exmagistrado Escalante es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a niña de 10 años
A 10 años de prisión fue condenado el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, según han resuelto los magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
El funcionario quien estaba suspendido mientras duraba el proceso penal y con medidas fue detenido para ser enviado a un centro penitenciario.
«El señor Eduardo Escalante Díaz ha quedado inmediatamente detenido, se ha pedido detener el principio de inocencia por tanto ha quedado en detención provisional, claro, la ley le da los recursos que le establecen a la defensa técnica, pero este día se ha logrado la condena», dijo una de las fiscales.
En esta vista pública que fue ordenada por la Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República presentó peritos y testigos con quienes probó ante los magistrados la participación del hecho.
Escalante Díaz, quien había fungido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cometió el delito agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque.
El ministerio público inició el caso como una agresión sexual en menor e incapaz agravada, pero en la audiencia inicial, la Cámara Primera de lo Penal quitó la agravante y le otorgó al magistrado medidas alternas a la detención las cuales cesaron con la condena impuesta este lunes.
En la audiencia preliminar Escalante Díaz fue exonerado porque según la cámara había delito sino que se trataba de una falta sancionada con multa de diez a 30 días.
La Fiscalía General de la República apeló ante la Sala de lo Penal y los magistrados de esa instancia cambiaron la resolución y se ordenó que el proceso pasara a juicio.
Cuando el caso se comenzó a conocer en la Cámara Primera de lo Penal, el imputado dijo que cuando andaba en Altavista buscando unos libros, con su carro atropelló a la menor y que unos pandilleros lo iban siguiendo pero que logró escapar, pero la Fiscalía sostuvo en ese momento, que en la zona ninguna unidad policial reportó un accidente.
En la audiencia inicial los abogados de Escalante Díaz, pidieron que si expediente llegaba a vista pública se les admitiera como prueba el testimonio de un vendedor de libros del centro de San Salvador para probar que le recomendó a Escalante Díaz, que fuera a dicha residencial a buscar la literatura que andaba buscando.
El procesado dijo habría llamado a su compañera magistrada de la Cámara Tercera de lo Civil para informarle que cuando andaba buscando los libros en Altavista tuvo un problema al golpear a una niña y que pandilleros le habían dado persecución.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
