Judicial
Exmagistrado Escalante es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a niña de 10 años
A 10 años de prisión fue condenado el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, según han resuelto los magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
El funcionario quien estaba suspendido mientras duraba el proceso penal y con medidas fue detenido para ser enviado a un centro penitenciario.
«El señor Eduardo Escalante Díaz ha quedado inmediatamente detenido, se ha pedido detener el principio de inocencia por tanto ha quedado en detención provisional, claro, la ley le da los recursos que le establecen a la defensa técnica, pero este día se ha logrado la condena», dijo una de las fiscales.
En esta vista pública que fue ordenada por la Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República presentó peritos y testigos con quienes probó ante los magistrados la participación del hecho.
Escalante Díaz, quien había fungido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cometió el delito agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque.
El ministerio público inició el caso como una agresión sexual en menor e incapaz agravada, pero en la audiencia inicial, la Cámara Primera de lo Penal quitó la agravante y le otorgó al magistrado medidas alternas a la detención las cuales cesaron con la condena impuesta este lunes.
En la audiencia preliminar Escalante Díaz fue exonerado porque según la cámara había delito sino que se trataba de una falta sancionada con multa de diez a 30 días.
La Fiscalía General de la República apeló ante la Sala de lo Penal y los magistrados de esa instancia cambiaron la resolución y se ordenó que el proceso pasara a juicio.
Cuando el caso se comenzó a conocer en la Cámara Primera de lo Penal, el imputado dijo que cuando andaba en Altavista buscando unos libros, con su carro atropelló a la menor y que unos pandilleros lo iban siguiendo pero que logró escapar, pero la Fiscalía sostuvo en ese momento, que en la zona ninguna unidad policial reportó un accidente.
En la audiencia inicial los abogados de Escalante Díaz, pidieron que si expediente llegaba a vista pública se les admitiera como prueba el testimonio de un vendedor de libros del centro de San Salvador para probar que le recomendó a Escalante Díaz, que fuera a dicha residencial a buscar la literatura que andaba buscando.
El procesado dijo habría llamado a su compañera magistrada de la Cámara Tercera de lo Civil para informarle que cuando andaba buscando los libros en Altavista tuvo un problema al golpear a una niña y que pandilleros le habían dado persecución.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
