Judicial
Exgerente de club bar Lips seguirá preso por evadir impuestos por $250,000
Según la acusación fiscal, el procesado evadió el pago de impuestos, causando un perjuicio económico de hasta $250,000 por la administración fraudulenta.
El 15 de noviembre de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras recibir una denuncia de la sociedad Entretenimientos Mundiales S. A. de C. V. La dueña de dicha sociedad había detectado, por medio de un auditor externo, una serie de irregularidades financieras en su club bar ‘Lips’, ubicado en San Salvador.
Por estos hechos, el imputado Ramos Zometa, por medio de su defensa técnica, solicitó al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, en una audiencia especial de revisión de medidas, la aplicación de medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, el Juzgado declaró improcedente la petición y ratificó la detención provisional del imputado hasta finalizar la etapa de instrucción y la realización de la audiencia preliminar.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 30 años de cárcel a Estela Margarita Bonilla Hernández por haber asesinado a cuchilladas a su compañero de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) demostró que la mujer debía ser condenada por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Adalberto Mancía Torres, hecho ocurrido en la comunidad Iberia de San Salvador.
El crimen ocurrió el 14 de octubre de 2023, cuando Bonilla Hernández atacó con un chuchillo a su compañero de vida.
El ministerio público presentó ante el tribunal, prueba testimonial, documental y pericial con la cual probaron los extremos procesales de la acusación.
El delito de homicidio agravado que el ministerio público atribuía a la mujer tiene una pena de 30 a 50 años de cárcel. Tras la revisión de la prueba presentada, el tribunal la condenó a 30 años de prisión.
Durante el juicio, un testigo presencial presentado por la Fiscalía detalló la forma en la que ocurrió el homicidio y aseguró que observó que Bonilla Hernández, persiguió a Mancía Torres con un cuchillo con el cual lo asesinó.
La acusada ha estado en la cárcel desde que fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC), horas después de consumar el crimen.
Al menos 34 delincuentes de una red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión mientras continúan las investigaciones, así resolvió el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana en una audiencia especial de imposición de medidas.
Los imputados son señalados de integrar cuatro grupos delincuenciales dedicados al tráfico de migrantes, según la Fiscalía General de la República y son procesados por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Lo delitos cometidos por la red son en perjuicio de 178 víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas brasileñas, ecuatorianas y turcas a quienes les ofrecieron llevarlas a Estados Unidos de manera irregular.
Las autoridades explicaron que esta red criminal operaba de manera ilegal cobrando entre 14,000 y 16,000 dólares, por llevar a las víctimas hacia EE.UU. utilizando las fronteras de El Poy, Chalatenango y Metapán, Santa Ana Norte.
«Al concluir la audiencia, el juez consideró que la Fiscalía presentó indicios de prueba suficientes para respaldar la existencia de los delitos y la probable participación de los acusados. Por lo tanto, ordenó que el proceso penal continúe a la fase de instrucción», informaron fuentes judiciales.
Los imputados fueron capturados el pasado 10 de octubre, además, la Fiscalía les incautó dos hoteles de playa, autos clásicos y otros inmuebles.
Entre lo decomisado están dos hoteles de playa ubicados en San Luis Talpa y La Libertad, el «Majahual Resort». Uno de los lugares que se allanó es el Hotel Argueta, ubicado en la autopista a Comalapa y próximo al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la jurisdicción de San Luis Talpa «que según las investigaciones era el lugar donde se alojaban las personas que transitaban por el país con destino hacia Estados Unidos», detallaron las autoridades.
Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de San Juan Opico, en La Libertad Centro, en octubre de 2020. Los pandilleros interceptaron a dos víctimas y les advirtieron que debían abandonar la zona, o de lo contrario los matarían por informarle a la policía sobre los movimientos de los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el lugar.
Los imputados, identificados como José Ovidio Quijano Pineda, José Nelson Méndez Navarro, María Eugenia Meléndez de Ramírez y Oscar de Jesús Ayala Rivera, fueron declarados culpables por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, que los condenó a ocho años de prisión.
