Judicial
Exfuncionarios involucrados en caso Sitramss seguirán en prisión
Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y Nelson García, exviceministro de Transporte fueron declarados rebeldes y Edwin Flores, exdirector de Tránsito y Miguel Castaneda, empresario de SIPAGO-Sitramss seguirán en prisión mientras siguen las investigaciones, así lo decretó ayer el Juzgado Segundo de Paz al finalizar la audiencia inicial contra estos involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Martínez y García, quienes son exdiputados del FMLN y prófugos de la justicia están siendo procesados como reos ausentes, esto es posible gracias a las recientes reformas al Código Procesal Penal.
Las órdenes de captura fueron giradas el lunes pasado por el misterio público. Esta investigación fue encabezada por la Unidad Anti Corrupción que inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez el 11 de junio del 2020.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha dicho que Flores Sánchez es acusado por actos arbitrarios, mientras que Martínez por el delito de incumplimiento de deberes.
Según las investigaciones, Flores utilizó la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea Legislativa autorizara la concesión y el exministro está involucrado porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la Constitución para concesionar este bien público, detalló el fiscal general.
De igual forma, de acuerdo a las investigaciones, en el 2015, Edwin Flores concedió de forma irregular el proyecto del Sitramss a la empresa de Castaneda, sin la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Flores es acusado de actos arbitrarios, mientras que, a Miguel Castaneda se le imputa el delito de extorsión agravada.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
