Judicial
Exfuncionarios involucrados en caso Sitramss seguirán en prisión
Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y Nelson García, exviceministro de Transporte fueron declarados rebeldes y Edwin Flores, exdirector de Tránsito y Miguel Castaneda, empresario de SIPAGO-Sitramss seguirán en prisión mientras siguen las investigaciones, así lo decretó ayer el Juzgado Segundo de Paz al finalizar la audiencia inicial contra estos involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Martínez y García, quienes son exdiputados del FMLN y prófugos de la justicia están siendo procesados como reos ausentes, esto es posible gracias a las recientes reformas al Código Procesal Penal.
Las órdenes de captura fueron giradas el lunes pasado por el misterio público. Esta investigación fue encabezada por la Unidad Anti Corrupción que inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez el 11 de junio del 2020.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha dicho que Flores Sánchez es acusado por actos arbitrarios, mientras que Martínez por el delito de incumplimiento de deberes.
Según las investigaciones, Flores utilizó la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea Legislativa autorizara la concesión y el exministro está involucrado porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la Constitución para concesionar este bien público, detalló el fiscal general.
De igual forma, de acuerdo a las investigaciones, en el 2015, Edwin Flores concedió de forma irregular el proyecto del Sitramss a la empresa de Castaneda, sin la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Flores es acusado de actos arbitrarios, mientras que, a Miguel Castaneda se le imputa el delito de extorsión agravada.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
