Judicial
Exfuncionarios involucrados en caso Sitramss seguirán en prisión
Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y Nelson García, exviceministro de Transporte fueron declarados rebeldes y Edwin Flores, exdirector de Tránsito y Miguel Castaneda, empresario de SIPAGO-Sitramss seguirán en prisión mientras siguen las investigaciones, así lo decretó ayer el Juzgado Segundo de Paz al finalizar la audiencia inicial contra estos involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Martínez y García, quienes son exdiputados del FMLN y prófugos de la justicia están siendo procesados como reos ausentes, esto es posible gracias a las recientes reformas al Código Procesal Penal.
Las órdenes de captura fueron giradas el lunes pasado por el misterio público. Esta investigación fue encabezada por la Unidad Anti Corrupción que inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez el 11 de junio del 2020.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha dicho que Flores Sánchez es acusado por actos arbitrarios, mientras que Martínez por el delito de incumplimiento de deberes.
Según las investigaciones, Flores utilizó la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea Legislativa autorizara la concesión y el exministro está involucrado porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la Constitución para concesionar este bien público, detalló el fiscal general.
De igual forma, de acuerdo a las investigaciones, en el 2015, Edwin Flores concedió de forma irregular el proyecto del Sitramss a la empresa de Castaneda, sin la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Flores es acusado de actos arbitrarios, mientras que, a Miguel Castaneda se le imputa el delito de extorsión agravada.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
