Judicial
Exfuncionarios involucrados en caso Sitramss seguirán en prisión
Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y Nelson García, exviceministro de Transporte fueron declarados rebeldes y Edwin Flores, exdirector de Tránsito y Miguel Castaneda, empresario de SIPAGO-Sitramss seguirán en prisión mientras siguen las investigaciones, así lo decretó ayer el Juzgado Segundo de Paz al finalizar la audiencia inicial contra estos involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Martínez y García, quienes son exdiputados del FMLN y prófugos de la justicia están siendo procesados como reos ausentes, esto es posible gracias a las recientes reformas al Código Procesal Penal.
Las órdenes de captura fueron giradas el lunes pasado por el misterio público. Esta investigación fue encabezada por la Unidad Anti Corrupción que inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez el 11 de junio del 2020.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha dicho que Flores Sánchez es acusado por actos arbitrarios, mientras que Martínez por el delito de incumplimiento de deberes.
Según las investigaciones, Flores utilizó la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea Legislativa autorizara la concesión y el exministro está involucrado porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la Constitución para concesionar este bien público, detalló el fiscal general.
De igual forma, de acuerdo a las investigaciones, en el 2015, Edwin Flores concedió de forma irregular el proyecto del Sitramss a la empresa de Castaneda, sin la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Flores es acusado de actos arbitrarios, mientras que, a Miguel Castaneda se le imputa el delito de extorsión agravada.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
