Judicial
Empleados de Medicina Legal de San Vicente condenados por Expresiones de Violencia contra la Mujer
Fiscales de la Unidad de Vida e Integridad Física de la oficina Fiscal de Zacatecoluca, demostraron que el tres empleados del Instituto de Medicina Legal de la sede del departamento de San Vicente, cometieron los delitos de Expresiones de Violencia contra la Mujer y Amenazas con Agravación Especial, en perjuicio de la Directora de dicha oficina; explicó el jefe de la oficina Juan Hernández.
El jefe Fiscal identifico a los imputados como Santos Humberto Martínez Urbina, Víctor Arnoldo López y Guillermo Guardado Fuentes; quienes realizan diferentes funciones en empleados del Instituto de Medicina Legal de San Vicente, y se les proceso por los delitos Amenazas con Agravación Especial y Expresiones de Violencia contra las mujeres, en perjuicio de Gladis Aviles Cantor de Molina, quien se desempeña como Directora del referido instituto.
Durante la audiencia de Vista Publica en el tribunal de Sentencia de San Vicente contra los tres imputados, la Fiscalía obtuvo la sentencia condenatoria contra Martínez Urbina, de dos años de prisión por el delito de Amenazas y por el delito de Expresiones de Violencia contra la Mujer, a dos salarios mínimos; mientras los dos implicados s restantes, únicamente se les condeno por el segundo delito a dos salarios mínimos.
Según la relación de los hechos, estos sucedidos el 1 de Marzo de 2017, al interior del Instituto de Medicina Legal de San Vicente, ante la llegada de la víctima a la Dirección, y algunas instrucciones dadas por la Directora a los subalternos, lo cual ocasiono molestias y amenazas hacia la ella por parte de los ahora condenados.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
