Judicial
Empleados de Medicina Legal de San Vicente condenados por Expresiones de Violencia contra la Mujer
Fiscales de la Unidad de Vida e Integridad Física de la oficina Fiscal de Zacatecoluca, demostraron que el tres empleados del Instituto de Medicina Legal de la sede del departamento de San Vicente, cometieron los delitos de Expresiones de Violencia contra la Mujer y Amenazas con Agravación Especial, en perjuicio de la Directora de dicha oficina; explicó el jefe de la oficina Juan Hernández.
El jefe Fiscal identifico a los imputados como Santos Humberto Martínez Urbina, Víctor Arnoldo López y Guillermo Guardado Fuentes; quienes realizan diferentes funciones en empleados del Instituto de Medicina Legal de San Vicente, y se les proceso por los delitos Amenazas con Agravación Especial y Expresiones de Violencia contra las mujeres, en perjuicio de Gladis Aviles Cantor de Molina, quien se desempeña como Directora del referido instituto.
Durante la audiencia de Vista Publica en el tribunal de Sentencia de San Vicente contra los tres imputados, la Fiscalía obtuvo la sentencia condenatoria contra Martínez Urbina, de dos años de prisión por el delito de Amenazas y por el delito de Expresiones de Violencia contra la Mujer, a dos salarios mínimos; mientras los dos implicados s restantes, únicamente se les condeno por el segundo delito a dos salarios mínimos.
Según la relación de los hechos, estos sucedidos el 1 de Marzo de 2017, al interior del Instituto de Medicina Legal de San Vicente, ante la llegada de la víctima a la Dirección, y algunas instrucciones dadas por la Directora a los subalternos, lo cual ocasiono molestias y amenazas hacia la ella por parte de los ahora condenados.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
