Judicial
El juicio en contra de 5 ex agentes de la GRP llega a la recta final
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla instaló hoy, por quinto día la continuación de la reposición del juicio contra cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal.
Durante la jornada de hoy, el Tribunal escuchó solamente la declaración de un testigo de descargo, durante dos horas. Se trató de un ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quien en su relato explicó todo el procedimiento realizado durante la intervención en la que resultó fallecido Hernández Martínez.
Se tenía previsto que el Ministerio Público presentara a su último testigo de cargo, pero éste no llegó. Uno de los fiscales del caso explicó que aunque se le citó en cuatro ocasiones, éste se negó a asistir; y que por ello prescindiría de su declaración.
La diligencia judicial terminó a la 1:30 de la tarde y continuará mañana jueves 8 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana. Se tiene previsto que tanto Fiscalía como defensa presenten sus alegatos finales. Para ello, se le concederá a cada uno un plazo máximo de una hora y 30 minutos para sus intervenciones.
La reposición de esta vista pública se originó luego de que la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, resolvió en mayo pasado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria dictada por uno de los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
En dicha resolución, los magistrados de la Cámara ordenaron declarar nula la sentencia definitiva absolutoria pronunciada a favor de los cinco imputado y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho y acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander, quien se encontraba entre las ocho personas asesinadas.
Una mujer y su hija fueron sentenciadas a 20 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en perjuicio de otra mujer.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a las sentenciadas como Sonia Maribel Chávez y su hija Jacqueline Evelin Vanegas.
Según la acusación fiscal, Sonia Maribel y Jacquelin Evelin interceptaron a otra mujer a quien le reclamaron por lo que dijo de una de las hijas de las acosadas.
Pese a que la víctima se disculpó por sus comentarios, las procesadas comenzaron a golpearla hasta que falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Tras analizar la prueba de la FGR, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la mencionada sentencia.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Javier Zavala Gómez, de 33 años de edad, a la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Zuleyma Marisol Flores Guardado, quien tenía 24 años de edad.
El 30 de mayo de 2018, la víctima salió de su casa, ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador, para ir a trabajar. Al llegar la tarde, su padre se preocupó porque no había regresado, le realizó múltiples llamadas y no respondió. Al día siguiente, sus padres fueron al lugar de trabajo de Zuleyma y les informaron que no se había presentado, lo cual les pareció extraño, ya que ella era una persona responsable. Inmediatamente, su padre denunció la desaparición de su hija en la sede policial.
En la investigación, se determinó que Zuleyma tuvo una cita con Wilmer, con quien mantenía una relación sentimental. A través del monitoreo de las cámaras DE videovigilancia, se observó que, para dicha cita, la víctima llegó a un centro comercial ubicado en San Salvador, abordó un vehículo conducido por el imputado y se dirigieron a un auto hotel ubicado en Mejicanos. Posteriormente, la víctima no apareció.
El cuerpo de Zuleyma fue encontrado el 3 de diciembre del mismo año, dentro de un pozo seco en Usulután, lugar donde vivía el ahora condenado. El cuerpo se encontraba atado de manos y envuelto en una colchoneta y una bolsa plástica.
El exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, fue condenado a 27 años de cárcel por peculado e incumplimiento de deberes, la pena se la impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
En el mismo fallo, el extesorero municipal, Edwin Orlando León, fue encontrado culpable y lo sentenciaron a 12 años de prisión.
El proceso también llegó a vista pública en contra de otros nueve miembros del exconcejo municipal de Olocuilta y un particular, quienes recibieron tres años de cárcel.
El juicio fue por el mal uso de fondos públicos y falta de supervisión en proyectos que no cumplieron con los procedimientos legales para la compra de un terreno que serviría para ampliar el cementerio municipal y la construcción de un parque ecológico.
La vista pública fue efectuada con siete presentes y cinco prófugos, entre ellos el exalcalde, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez; el extesorero municipal, Edwin Orlando León, los exconcejales: Roque Zepeda López y Roberto Antonio Ruiz Zavaleta.
Solo comparecieron al juicio, el particular, Jorge Salvador Yada Córdova; el exsíndico Gilberto Antonio Toloza; y los exconcejales Luis Alonso Chávez Ramírez, Venancio Cruz Ortiz, Walter Antonio Artiga Montalvo; Carlos Córdova Díaz, Carlos Mendoza y Juan Miguel Aragón Ramírez.
Todos fueron parte del concejo municipal en el período comprendido entre el año 2012 y 2015.
La Fiscalía General de la República probó anomalías en la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Respecto al cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y por el parque ecológico se erogaron $260,000.
Marvin Ulises Rodríguez, incurrió en el delito de peculado cuando transfirió de las cuentas del FODES hacia su cuenta personal y del tesorero, dinero destinado a la comuna.
