Judicial
El juicio en contra de 5 ex agentes de la GRP llega a la recta final
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla instaló hoy, por quinto día la continuación de la reposición del juicio contra cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal.
Durante la jornada de hoy, el Tribunal escuchó solamente la declaración de un testigo de descargo, durante dos horas. Se trató de un ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quien en su relato explicó todo el procedimiento realizado durante la intervención en la que resultó fallecido Hernández Martínez.
Se tenía previsto que el Ministerio Público presentara a su último testigo de cargo, pero éste no llegó. Uno de los fiscales del caso explicó que aunque se le citó en cuatro ocasiones, éste se negó a asistir; y que por ello prescindiría de su declaración.
La diligencia judicial terminó a la 1:30 de la tarde y continuará mañana jueves 8 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana. Se tiene previsto que tanto Fiscalía como defensa presenten sus alegatos finales. Para ello, se le concederá a cada uno un plazo máximo de una hora y 30 minutos para sus intervenciones.
La reposición de esta vista pública se originó luego de que la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, resolvió en mayo pasado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria dictada por uno de los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
En dicha resolución, los magistrados de la Cámara ordenaron declarar nula la sentencia definitiva absolutoria pronunciada a favor de los cinco imputado y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho y acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander, quien se encontraba entre las ocho personas asesinadas.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
