Judicial
El juicio en contra de 5 ex agentes de la GRP llega a la recta final
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla instaló hoy, por quinto día la continuación de la reposición del juicio contra cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal.
Durante la jornada de hoy, el Tribunal escuchó solamente la declaración de un testigo de descargo, durante dos horas. Se trató de un ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quien en su relato explicó todo el procedimiento realizado durante la intervención en la que resultó fallecido Hernández Martínez.
Se tenía previsto que el Ministerio Público presentara a su último testigo de cargo, pero éste no llegó. Uno de los fiscales del caso explicó que aunque se le citó en cuatro ocasiones, éste se negó a asistir; y que por ello prescindiría de su declaración.
La diligencia judicial terminó a la 1:30 de la tarde y continuará mañana jueves 8 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana. Se tiene previsto que tanto Fiscalía como defensa presenten sus alegatos finales. Para ello, se le concederá a cada uno un plazo máximo de una hora y 30 minutos para sus intervenciones.
La reposición de esta vista pública se originó luego de que la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, resolvió en mayo pasado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria dictada por uno de los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
En dicha resolución, los magistrados de la Cámara ordenaron declarar nula la sentencia definitiva absolutoria pronunciada a favor de los cinco imputado y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho y acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander, quien se encontraba entre las ocho personas asesinadas.
Alexis Hernández ha sido condenado a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, en Santo Tomás, San Salvador Sur.
Este sujeto contactó a la víctima a través de redes sociales y consiguió engañarla para encontrarse con ella. Hernández la llevó a su casa, la retuvo y abusó de ella, durante dos días.
Cuando la menor regresó a casa, le contó a su madre sobre los ataques del imputado.
La condena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Brian Ramírez fuera condenado a 24 años de cárcel por abusar sexualmente de un bebé de ocho meses.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió mientras la madre del menor dormía. Durante la madrugada, el llanto del bebé la despertó y decidió llevarlo al Hospital San Pedro, en Usulután, donde el personal médico activó el protocolo por violación al detectar lesiones en su cuerpo.
El menor fue trasladado al Hospital Benjamín Bloom para recibir atención especializada, pero falleció horas después.
Melvin Aníbal Godínez Saldaña enfrenta una audiencia especial en el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán, acusado de quitarle la vida a su propio abuelo.
El hecho ocurrió en septiembre, en el cantón San Juan, distrito de Tacuba, donde Godínez Saldaña residía con la víctima. Según las investigaciones, atacó al hombre mientras dormía, propinándole tres golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo que provocó su muerte inmediata.
Las autoridades mantienen abierto el proceso judicial y continúan recopilando pruebas para fortalecer el caso en su contra.
