Judicial
El juicio en contra de 5 ex agentes de la GRP llega a la recta final
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla instaló hoy, por quinto día la continuación de la reposición del juicio contra cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal.
Durante la jornada de hoy, el Tribunal escuchó solamente la declaración de un testigo de descargo, durante dos horas. Se trató de un ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quien en su relato explicó todo el procedimiento realizado durante la intervención en la que resultó fallecido Hernández Martínez.
Se tenía previsto que el Ministerio Público presentara a su último testigo de cargo, pero éste no llegó. Uno de los fiscales del caso explicó que aunque se le citó en cuatro ocasiones, éste se negó a asistir; y que por ello prescindiría de su declaración.
La diligencia judicial terminó a la 1:30 de la tarde y continuará mañana jueves 8 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana. Se tiene previsto que tanto Fiscalía como defensa presenten sus alegatos finales. Para ello, se le concederá a cada uno un plazo máximo de una hora y 30 minutos para sus intervenciones.
La reposición de esta vista pública se originó luego de que la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, resolvió en mayo pasado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria dictada por uno de los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
En dicha resolución, los magistrados de la Cámara ordenaron declarar nula la sentencia definitiva absolutoria pronunciada a favor de los cinco imputado y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho y acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander, quien se encontraba entre las ocho personas asesinadas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
