Judicial
Diputado Guillermo Gallegos se autopropone como fiscal en comisión de antejuicio contra Quijano
«Consiente que hay delito, me voy autoproponer para ser fiscal del caso, no es posible que alguien se pueda sentar tranquilamente con estos criminales (PANDILLEROS/ TERRORISTAS), más siendo diputado de la República»
Estas fueron las palabras del diputado de GANA, Guillermo Gallegos, en su cuenta de personal de Twitter, quien deja claro que de llegarse a conformar la comisión de antejuicio contra el legislador de ARENA, Norman Quijano, estaría dispuesto a ofrecerse como fiscal de la misma.
“Voy a pedir a la fracción que me pueda proponer como fiscal de la comisión porque a mi juicio también hay pruebas suficientes como para que el diputado Quijano pierda el fuero legislativo en este caso”, expresó Gallegos a los medios de comunicación.
El comentario surge luego que el fiscal general, Raúl Melara, anunciara la presentación de una solicitud de antejuicio para que el expresidente de la Asamblea Legislativa sea procesado penalmente por supuestamente estar vinculado a grupos criminales.
A juicio del parlamentario de GANA, los videos revelados por el ministerio Público durante el caso Operación Cuscatlán, demuestran una “clara asociación ilícita con pandilleros”.
“Es lamentable que políticos de diferentes partidos se han visto en los últimos días negociando con pandilleros y es intolerable para mí. He sido un diputado que siempre ha estado en contra del accionar de las pandillas y ver involucrados a políticos es detestable”, señaló.
La solicitud de antejuicio y petición de desafuero fue presentada ante la Asamblea Legislativa por fiscales de la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
