Judicial
Diferentes condenas de cárcel por lavado de dinero para pandilleros de “Operación Arpón”, en el occidente del país
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que en las últimas horas, un total de 28 pandilleros fueron sentenciados a cumplir penas que van hasta los 16 años de prisión por múltiples delitos en Santa Ana.
De acuerdo al registro fiscal, los estos miembros de estructuras delincuenciales operaban en el Occidente del país y fueron capturados en agosto de 2018, en el marco de la “Operación Arpón del Pacífico”.
Además, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, UECLA, en su informe indican que los imputados fueron sometidos a juicio ante el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana. “Ha sido una jornada extensa desarrollada desde el 17 de agosto hasta el 29 de septiembre anterior. Y este día se nos notificó el fallo”, explicó un fiscal del caso.
Asimismo, destacan que en la parte de este proceso que le correspondió a los fiscales de la UECLA, se logró establecer la responsabilidad penal por Lavado de dinero, Falsedad ideológica, Actos preparatorios, proposición y conspiración en tráfico ilícito y otros delitos.
“Con estas condenas se lograron afectar las finanzas de la estructura terrorista y principalmente de los ‘programas San Coco y Ahuachapanecos’, originarios de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, a los cuales pertenecieron los ahora condenados”, explicó otro de los fiscal.
Al mismo tiempo, agregó que ahora los culpables cumplirán distintos años penas de prisión, así como salarios multa, según lo determinó el Juzgador de Sentencia Especializado.
Sentencias establecidas entre los 14 años, 13, 16, 8 años con 6 meses, 7, 4 y 3 años de prisión, así como multas de 50 salarios multa de forma mensual, las cuales se detallan al final del presente informe.
Para las próximas horas se ha previsto que el mismo Juzgado dé a conocer la otra parte del fallo, en contra de más de un centenar de implicados por homicidios y otros ilícitos.
En un proceso independiente, llevado a cabo por la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio se tramita actualmente el despojo de los bienes como inmuebles, vehículos, barcos y dinero en efectivo que pasarán a titularidad del Estado.
Finalmente, en las próximas horas se conocerá la otra parte del fallo en contra de más de 100 implicados ligados a este mismo caso y que están acusados por crímenes y otros ilícitos a cargo de fiscales de la Oficina de Sonsonate.
DETALLE DE LAS CONDENAS:
(1) José Osmaro Mata Pineda, alias Mandrake
(2) Boris Ernesto Marroquín Vega, alias viejo larva
(3) Marvin Eduardo García Castro, alias Clever
(4) Juan Carlos Melgar Montes alias Poison
(5) Óscar Leonel Gómez Martínez, alias villano
(6) David Antonio Estrada Alvarenga, alias sleyer
(7) Jorge Alberto Valenzuela Rivera, alias diabolico
(8) Irving Xavier Valencia Cruz, alias sovietico
(9) Óscar Armando Soriano Saravia, alias jocker
(10) Sergio Anibal Pérez Canjura, alias justiciero
Son 13 años de prisión por el delito de Lavado de dinero, 50 salarios multa, y Agrupaciones Ilícitas, a excepción de los sujetos alias “Jocker” y “Villano”, condenados a 16 años por Lavado de dinero y Organizaciones Terroristas y únicamente 8 año de prisión a “Poison” y “Clever” por Lavado de Dinero.
(11) Guillermo Stanley Corleto Ruíz, 14 años de prisión por los delitos de Lavado de Dinero, Agrupaciones Ilícitas, Falsedad ideológica y Actos preparatorios proposición y conspiración en tráfico ilícito y multa de 50 salarios mensuales.
(12) Melvin Edemir Valencia Cruz
(13) José Gilberto Ortega Fuentes
(14) Karla Gisselle Hernández Leveton
(15) Blanca Leonor Estrada de Padilla
Condenados a 8 años seis meses de prisión y multas de 50 salarios mensuales, es decir 5 años por colaboradores en el delito de Lavado de dinero y 3 años seis meses por Agrupaciones Ilícitas.
(16) René Alfredo González Godoy
(17) Gerardo Antonio Deras Avelar
(18) David Francisco Aguirre Magaña
Condenados a 7 años de prisión, 4 años por Lavado de dinero y 3 años por Agrupaciones ilícitas.
(19) Juan Carlos Sermeño Marroquín
(20) Jesús Gerardo Hernández Valdez
Condenados a 4 años de prisión 3 por Agrupaciones ilícitas y 1 por Actos preparatorios y proposición y conspiración en tráfico de drogas.
(21) Daniel Lonso Martínez Barrios
(22) Luis Darío Gonzáles Segovia
(23) Wilfredo Antonio Escalante Alemán
(24) Álvaro Ernesto Batres López
Condenados a 3 años de prisión por Agrupaciones ilícitas
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
