Judicial
Destape de la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados Jorge Cortéz, Will Walter Ruiz y otros
La Fiscalía dirigida por Douglas Melendez obligó a varias personas a declarar hechos falsos para fabricar el caso corruptela que involucra al exfiscal Luis Martínez, al expresidente Funes y a otras personas, así lo afirmó en exclusiva a grupo Megavisión una excriteriada de este proceso:
«Tres fiscales sin ningún tipo de acompañamiento de mi defensor, sin advertencia de lo que iban a hacer, me tuvieron encerrada en una salita de audiencias, presionándome, diciéndome que ellos estaban listos ya para proceder contra mi libertad, para que yo tomara criterio de oportunidad, ante todas estas irregularidades y sobre todo porque me estaban presionando para que tocara puntos que yo desconocía por completo y que no podía rendir declaración al respecto de estos puntos, fue que seguí recibiendo coacciones». aseguró la testigo
Ademas, explicó el tipo de coacciones que recibía, y la relevancia que tenía en ese momento:
«La relevancia de esto es que fui coaccionada, diciéndome que me iban a detener si yo no colaboraba con ellos, con la calidad de testigo. Les dije que no podía rendir mi entrevista como testigo porque yo en ningún momento tenia un cargo de decisión. Mi posición en la fiscalía era de nivel operativo, rendía informes, estaba sometida a controles de mis superiores, la dirección, la subdirección y pues obviamente ya los niveles decisorios de la institución, verdad. Sin embargo, la coacción consistió en que constantemente se veía amenazada mi libertad empleatoria.
También relató que fue llevada a una bodega de limpieza y obligada a aceptar delitos para no ir a la cárcel:
«Yo llegue a ese cuartito como a las 10:30 de la mañana y nos han despachado como a las 8:30 de la noche, estuve ahí, 10 horas mas o menos, en un ambiente… imagínese… es un ambiente… Además, de estar recibiendo las presiones para sacarme información sobre cosas que yo no tenía realmente información, ¿que les iba a decir?, no podía dar datos sobre situaciones puntuales que ellos querían saber porque yo no tengo ese conocimiento, y ademas de eso, estaba todavía la bruma, del ambiente de un edificio fumigado, no se si había sido fumigado el día anterior o durante la noche o las horas tempranas de la mañana de ese día, pero sí la presencia del humo era muy densa todavía.
La testigo forma parte de los seis excriteriados del Caso Corruptela, su defensa sostiene que el ex fiscal Meléndez tenía conocimientos de esas acciones ilegales.
«Si no colaboraban a que no se autoinculpaban de los hechos que se les estaban atribuyendo iban a ser procesados, expuestos a los medios de comunicación masivos y aparte de eso, iban a ir detenidos. Fue en la administración del ex fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, en ese sentido el no puede estar exento de responsabilidad en este proceso, no puede estar exento, sostuvo el abogado René Ayala, quien ejerce la defensa de algunos señalados.
Estas declaraciones se dieron desde la audiencia inicial contra los seis empleados de la Fiscalía General de la República, quienes tras haber renunciaron a ser testigos empezaron a ser acusados por los delitos de peculado y a girar ordenes de capturas de forma ilegal.
«La representación fiscal ha tenido a bien pues, todos los elementos de prueba que se han recolectado durante que se tuvo la noticia criminis, ha llegado a determinar que existen indicios de probabilidad positiva en que ellos han participado en hechos delictivos que fueron cometidos durante la administración del exfiscal general Luis Antonio Martínez», afirmó el Fiscal del caso.
La fiscalía pidió que todos sigan el proceso en libertad y que paguen una fianza de 10 mil dólares.
Mientras que la defensa está dispuesta a plantar batalla legal para demostrar las supuestas arbitrariedades.
La indiferencia de la FGR
Estos señalamientos de esta extestigo criteriada se suman a los diferentes avisos o denuncias al exfiscal Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos, sin que hasta el momento se hayan visto muestras o voluntad de parte del organismo investigador a actuar en contra del exfiscal, y aclarar de una vez por todas la situación jurídica de los señalados en casos de gran relevancia social generada por la publicidad de la cual hizo uso el exfiscal general.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
