Judicial
Destape de la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados Jorge Cortéz, Will Walter Ruiz y otros
La Fiscalía dirigida por Douglas Melendez obligó a varias personas a declarar hechos falsos para fabricar el caso corruptela que involucra al exfiscal Luis Martínez, al expresidente Funes y a otras personas, así lo afirmó en exclusiva a grupo Megavisión una excriteriada de este proceso:
«Tres fiscales sin ningún tipo de acompañamiento de mi defensor, sin advertencia de lo que iban a hacer, me tuvieron encerrada en una salita de audiencias, presionándome, diciéndome que ellos estaban listos ya para proceder contra mi libertad, para que yo tomara criterio de oportunidad, ante todas estas irregularidades y sobre todo porque me estaban presionando para que tocara puntos que yo desconocía por completo y que no podía rendir declaración al respecto de estos puntos, fue que seguí recibiendo coacciones». aseguró la testigo
Ademas, explicó el tipo de coacciones que recibía, y la relevancia que tenía en ese momento:
«La relevancia de esto es que fui coaccionada, diciéndome que me iban a detener si yo no colaboraba con ellos, con la calidad de testigo. Les dije que no podía rendir mi entrevista como testigo porque yo en ningún momento tenia un cargo de decisión. Mi posición en la fiscalía era de nivel operativo, rendía informes, estaba sometida a controles de mis superiores, la dirección, la subdirección y pues obviamente ya los niveles decisorios de la institución, verdad. Sin embargo, la coacción consistió en que constantemente se veía amenazada mi libertad empleatoria.
También relató que fue llevada a una bodega de limpieza y obligada a aceptar delitos para no ir a la cárcel:
«Yo llegue a ese cuartito como a las 10:30 de la mañana y nos han despachado como a las 8:30 de la noche, estuve ahí, 10 horas mas o menos, en un ambiente… imagínese… es un ambiente… Además, de estar recibiendo las presiones para sacarme información sobre cosas que yo no tenía realmente información, ¿que les iba a decir?, no podía dar datos sobre situaciones puntuales que ellos querían saber porque yo no tengo ese conocimiento, y ademas de eso, estaba todavía la bruma, del ambiente de un edificio fumigado, no se si había sido fumigado el día anterior o durante la noche o las horas tempranas de la mañana de ese día, pero sí la presencia del humo era muy densa todavía.
La testigo forma parte de los seis excriteriados del Caso Corruptela, su defensa sostiene que el ex fiscal Meléndez tenía conocimientos de esas acciones ilegales.
«Si no colaboraban a que no se autoinculpaban de los hechos que se les estaban atribuyendo iban a ser procesados, expuestos a los medios de comunicación masivos y aparte de eso, iban a ir detenidos. Fue en la administración del ex fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, en ese sentido el no puede estar exento de responsabilidad en este proceso, no puede estar exento, sostuvo el abogado René Ayala, quien ejerce la defensa de algunos señalados.
Estas declaraciones se dieron desde la audiencia inicial contra los seis empleados de la Fiscalía General de la República, quienes tras haber renunciaron a ser testigos empezaron a ser acusados por los delitos de peculado y a girar ordenes de capturas de forma ilegal.
«La representación fiscal ha tenido a bien pues, todos los elementos de prueba que se han recolectado durante que se tuvo la noticia criminis, ha llegado a determinar que existen indicios de probabilidad positiva en que ellos han participado en hechos delictivos que fueron cometidos durante la administración del exfiscal general Luis Antonio Martínez», afirmó el Fiscal del caso.
La fiscalía pidió que todos sigan el proceso en libertad y que paguen una fianza de 10 mil dólares.
Mientras que la defensa está dispuesta a plantar batalla legal para demostrar las supuestas arbitrariedades.
La indiferencia de la FGR
Estos señalamientos de esta extestigo criteriada se suman a los diferentes avisos o denuncias al exfiscal Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos, sin que hasta el momento se hayan visto muestras o voluntad de parte del organismo investigador a actuar en contra del exfiscal, y aclarar de una vez por todas la situación jurídica de los señalados en casos de gran relevancia social generada por la publicidad de la cual hizo uso el exfiscal general.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
