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Destape de la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados Jorge Cortéz, Will Walter Ruiz y otros

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La Fiscalía dirigida por Douglas Melendez obligó a varias personas a declarar hechos falsos para fabricar el caso corruptela que involucra al exfiscal Luis Martínez, al expresidente Funes y a otras personas, así lo afirmó en exclusiva a grupo Megavisión una excriteriada de este proceso:

«Tres fiscales sin ningún tipo de acompañamiento de mi defensor, sin advertencia de lo que iban a hacer, me tuvieron encerrada en una salita de audiencias, presionándome, diciéndome que ellos estaban listos ya para proceder contra mi libertad, para que yo tomara criterio de oportunidad, ante todas estas irregularidades y sobre todo porque me estaban presionando para que tocara puntos que yo desconocía por completo y que no podía rendir declaración al respecto de estos puntos, fue que seguí recibiendo coacciones». aseguró la testigo

Ademas, explicó el tipo de coacciones que recibía, y la relevancia que tenía en ese momento:

«La relevancia de esto es que fui coaccionada, diciéndome que me iban a detener si yo no colaboraba con ellos, con la calidad de testigo. Les dije que no podía rendir mi entrevista como testigo porque yo en ningún momento tenia un cargo de decisión. Mi posición en la fiscalía era de nivel operativo, rendía informes, estaba sometida a controles de mis superiores, la dirección, la subdirección y pues obviamente ya los niveles decisorios de la institución, verdad. Sin embargo, la coacción consistió en que constantemente se veía amenazada mi libertad empleatoria.

También relató que fue llevada a una bodega de limpieza y obligada a aceptar delitos para no ir a la cárcel:

«Yo llegue a  ese cuartito como a las 10:30 de la mañana y nos han despachado como a las 8:30 de la noche, estuve ahí, 10 horas mas o menos, en un ambiente… imagínese… es un ambiente… Además, de estar recibiendo las presiones para sacarme información sobre cosas que yo no tenía realmente información, ¿que les iba a decir?, no podía dar datos sobre situaciones puntuales que ellos querían saber porque yo no tengo ese conocimiento, y ademas de eso, estaba todavía la bruma, del ambiente de un edificio fumigado, no se si había sido fumigado el día anterior o durante la noche o las horas tempranas de la mañana de ese día, pero sí la presencia del humo era muy densa todavía.

La testigo forma parte de los seis excriteriados del Caso Corruptela, su defensa sostiene que el ex fiscal Meléndez tenía conocimientos de esas acciones ilegales.

«Si no colaboraban a que no se autoinculpaban de los hechos que se les estaban atribuyendo iban a ser procesados, expuestos a los medios de comunicación masivos y aparte de eso, iban a ir detenidos. Fue en la administración del ex fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, en ese sentido el no puede estar exento de responsabilidad en este proceso, no puede estar exento, sostuvo el abogado René Ayala, quien ejerce la defensa de algunos señalados.

Estas declaraciones se dieron desde la audiencia inicial contra los seis empleados de la Fiscalía General de la República, quienes tras haber renunciaron a ser testigos empezaron a ser acusados por los delitos de peculado y a girar ordenes de capturas de forma ilegal.

«La representación fiscal ha tenido a bien pues, todos los elementos de prueba que se han recolectado durante que se tuvo la noticia criminis, ha llegado a determinar que existen indicios de probabilidad positiva en que ellos han participado en hechos delictivos que fueron cometidos durante la administración del exfiscal general Luis Antonio Martínez», afirmó el Fiscal del caso.

La fiscalía pidió que todos sigan el proceso en libertad y que paguen una fianza de 10 mil dólares.

Mientras que la defensa está dispuesta a plantar batalla legal para demostrar las supuestas arbitrariedades.

La indiferencia de la FGR

Estos señalamientos de esta extestigo criteriada se suman a los diferentes avisos o denuncias al exfiscal Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos, sin que hasta el momento se hayan visto muestras o voluntad de parte del organismo investigador a actuar en contra del exfiscal, y aclarar de una vez por todas la situación jurídica de los señalados en casos de gran relevancia social generada por la publicidad de la cual hizo uso el exfiscal general.

 

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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