Judicial
Definen pruebas y fecha de juicio a exalcalde Apopa, Elías Hernández y otras siete personas
Escuchas telefónicas, 33 testigos y seis peritos fueron ofrecidos como prueba en contra del exalcalde Apopa, Elías Hernández, en una audiencia especial que realizó este miércoles el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
El juez que presidió la diligencia de selección de prueba acordó con fiscales y defensores que la vista pública será el próximo 11 de septiembre.
La causa penal es promovida en contra del exfuncionario municipal, su esposa Evelinda Serrano de Hernández, su hijo Darwin Hernández y otros cinco imputados.
El exalcalde y cuatro de los procesados enfrentarán un proceso ordinario, una fuente cercana al proceso confirmó que Elías Hernández se habían planteado confesar los hechos y someterse al proceso abreviado, pero desistió al final porque la Fiscalía pedía como requisito que pagara en concepto de responsabilidad civil los $591,000 que supuestamente se apropió.
Solo se irán con proceso abreviado Evelinda Serrano de Hernández y otra acusada, mientras que Darwin Hernández se someterá a una suspensión condicional del procedimiento bajo el pago de una responsabilidad civil, este último beneficio no fue autorizado por la Fiscalía a los cuatro imputados que junto a Elías Hernández enfrentarán el juicio ordinario.
El exalcalde de Apopa, es acusado de negociaciones ilícitas y peculado (apropiarse de fondos públicos), su esposa e hijo, por el delito de cohecho (soborno), que cometieron cuando contactaron a testigos y ofrecieron dinero para que no llegaran a declarar en un juicio en contra del exfuncionario.
El expediente certifica la existencia de una red creada para desviar fondos públicos y cometer una serie de delitos. Según la acusación, Elías Hernández se apropió junto a los miembros de la estructura de $591,000.
Los hechos ocurrieron entre los años 2013 al 2016, una de las formas de apropiación de fondos fue cuando Hernández supuestamente ordenó que las compras de insumos de la alcaldía de Apopa se le hicieran a su esposa.
Después cambió la modalidad y Evelinda de Serrano ya no entregaba los suministros, sino que se falsificaba las órdenes de compras en procesos de libre gestión para justificar la erogación de fondos que recibía su esposa.
El ministerio público dice que fueron entregados $350,000 en facturas a cambio de suministros, mientras que en los otros $291,000 no se otorgaron productos ya que se alteraron las facturas haciendo ver que se entregó el material requerido.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
