Judicial
Decretan reserva total en caso de policías acusados de desaparición forzada y homicidio

El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador decretó ayer, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), reserva total en el caso de cuatro policías acusados de triple homicidio cometido en Santiago Nonualco, departamento de la Paz, en 2017.
Los agentes son acusados además, de desaparición forzada de personas.
“La Fiscalía ha pedido al juzgado que decrete la reserva total al proceso en vista de que son agentes policiales (los acusados), y en vista de que hay algunos testigos que según la Fiscalía correrían riesgo”, manifestó el jefe de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, Jaime Ulises Marinero.
El juzgado programó la audiencia de imposición de medidas contra los acusados para el martes 18 de agosto de este año, a las 8:30 de la mañana.
Los agentes Carlos David Coreas Márquez, Noé Wilfredo Orellana, Jorge Amílcar Guidos y José Ricardo Campos, son acusados de haber cometido homicidio agravado y desaparición forzada en un triple homicidio en 2017 y 2020.
En el caso de Coreas Márquez, Wilfredo Orellana, y Ricardo Campos, el Ministerio Público los acusa del homicidio en perjuicio de Roberto Gómez Arias, Jonathan Raúl Ticas Bonilla y Oscar Telule, quienes fueron encontrados en el interior de un cañal en Santiago Nonualco.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.