Judicial
Decretan detención y envían a juicio a acusado del feminicidio de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto de su hijo
La jueza del Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana envió a Michael Alejandro Castillo Murga a juicio por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto de su hijo, ocurrido en enero del 2019.
Entre las pruebas admitidas por la aplicadora de justicia está el vaciado del teléfono en donde se encontró fotografías de Michael ensangrentado, justo después de haber cometido el crimen, análisis de bitácoras y activación de antenas tras utilizar su celular en la escena, el acta de inspección del cadáver, álbum fotográfico, croquis de ubicación, comprobación de allanamiento en la vivienda del procesado, diligencia de luminol, incautación de computadoras, fotos y videos de cámaras de un centro comercial donde se ve al imputado desplazarse con el vehículo en el que habría recogido a Fernanda y posteriormente cometido el crimen.
La Fiscalía General de la República (FGR) también presentó informes de peritajes psicológicos que Michael se realizó antes de cometer el feminicidio mientras cursaba la universidad en los que presuntamente se comprueba que no tenía conciencia de la realidad.
La jueza también giró detención para el joven con el fin que la Fiscalía pueda hacer las diligencias pertinentes para que Michael, quien ya tiene difusión roja, sea extraditado.
En el 2019, Michael Alejandro Castillo Murga recogió en su casa a Fernanda Nájera, de 23 años, y su hijo de año y siete meses, con la promesa que harían los trámites para darle su apellido al infante. La madre y el niño ya no regresaron a casa.
El hecho quedó al descubierto luego de que trabajadores hallaran abandonado en un cafetal al hijo de 2 años de Fernanda y Michael. Según las investigaciones, el niño fue abandonado por Michael luego de asesinar a la joven.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
