Judicial
Dadas las irregularidades del Fiscal General Douglas Meléndez, el abogado de Enrique Rais presentó un Habeas Corpus
Ante lo que considera proceder ilegal de FGR, abogado de Rais presentó recurso de “habeas corpus preventivo” para detener una captura injustiticada”.
El recurso legal fue presentado la mañana de este miércoles en la Cámara Cuarta del Centro, de Santa Tecla.
SAN SALVADOR. Con el objetivo de evitar un procedimiento arbitrario e ilegal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Enrique Rais, su equipo de abogados presentaron un recurso de “habeas corpus preventivo” por considerar que está en peligro el derecho a la libertad ambulatoria de su defendido, a quien se le estaría violentado el derecho a su legítima defensa por parte del ministerio público.
Según explicó un miembro del equipo legal de defensa de Enrique Rais, el abogado Douglas Melgar, en la fiscalía existen dos expedientes administrativos en los cuales, según notas periodísticas, se tiene abierta una investigación en contra del empresario en los cuales está siendo investigando por lavado de dinero y activos; sin embargo, hasta la fecha la FGR ha negado todo tipo información de los expedientes, bajo el argumento que han sido declarados en reserva.
“En un primer momento el grupo de abogados que lo representa solicitó en términos concretos, por escrito, que le dijesen si estaba (Enrique Rais) o no investigado en estos expedientes administrativos, qué delitos se le atribuían y en caso de ser afirmativa la respuesta, que el grupo legal tuviese acceso a la diligencias o al expediente, con el propósito de garantizar el derecho de defensa. La fiscalía, por escrito, expresó en un primer momento que él no estaba siendo investigado, pero luego dijo que sí, pero que declaraba reserva del expediente”, explicó. Además, el ministerio público reiteró que “por tanto, producto de esa reserva, ningún abogado o apoderado legal iba a tener acceso a ese expediente administrativo. De ahí que se tomó la decisión de presentar el ‘habeas corpus’, porque se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria del señor Rais”, agregó Melgar.
El defensor enfatizó que “se pretende evitar que se gire una orden administrativa de manera injustificada o infundada, transgrediendo derechos constitucionales. porque el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 76, establece que ‘las partes donde el imputado (Enrique Rais) o las partes que estén facultades (abogados o apoderados legales) pueden tener acceso a ese expediente administrativo’. La regla general es que es reservado ese expediente para toda personas que no tenga nada que ver con la investigación, pero en el caso de lo indiciado o investigado, el mismo artículo establece que él por sí o a través de sus abogados o apoderados puede y debe tener acceso a su expediente y tener la oportunidad de hacer las descargas respectivas”, subrayó.
La figura del habeas corpus preventivo es un recurso legal en el caso cuando no se ha concretizado la captura de la persona que es investigada, ya que un riesgo inminente que la captura, injustificada o arbitraria, se ordene, “lo que se busca es evitar que esa captura de carácter ilegal se de en determinado momento”, dijo Melgar.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE FGR
El abogado externó que la Fiscalía desde semanas atrás “ha comenzado hacer una especie de requerimiento solicitando copias certificadas de ciertos pasajes de esos expedientes argumentando que existe una investigación que van a ser incorporados en esa diligencia”, denunció. “El habeas corpus se ha presentado por los expedientes que existen a nivel de la fiscalía en la Unidad de Investigación Financiera y la Unidad Contra el Crimen Organizado”, agregó.
“Existen esos dos expedientes administrativos donde don Enrique tiene la calidad de investigado, pero el problema es que la Fiscalía los declaró reservados y no les permite a las partes materiales ni técnicas tener acceso a dichos expedientes, revisar las diligencias y elaborar pruebas de descargo, que es de lo que habla del artículo 76 en relación con el 80, inciso segundo del Código Procesal Penal”, resaltó.
El equipo legal del empresario indicó que el próximo martes tendrá lugar una audiencia especial donde Rais podría ser intimado por la fiscalía. “En el proceso principal, que está en 8° de Instrucción, la misma prueba que ha presentado la fiscalía, se desvanece todo tipo de participación del señor Enrique Rais, así mismo, las escuchas desde nuestro particular y punto de vista técnico son ilegales, por un sin fin de cuestiones, consideramos que el caso se desvaneció. El próximo martes, tememos que al salir bien, si el juez resuelve conforme a derecho, ahí mismo le intimen o le notifiquen la existencia de estos dos nuevos casos”, lamentó el abogado.
La ley de procedimientos constitucionales establece la posibilidad que el recurso legal sea presentado y resuelto en una Cámara, “lo ideal era que lo conociera la Sala de Constitucional, pero todos sabemos que no se ha podido instalar por falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa pero eso no es obstáculo para que la Cámara pueda conocer”, refirió. El “habeas corpus” fue presentado a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en razón de que se aplicó que la autoridad demanda es el fiscal general, quien tiene su sede en Santa Tecla.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
