Judicial
Dadas las irregularidades del Fiscal General Douglas Meléndez, el abogado de Enrique Rais presentó un Habeas Corpus
Ante lo que considera proceder ilegal de FGR, abogado de Rais presentó recurso de “habeas corpus preventivo” para detener una captura injustiticada”.
El recurso legal fue presentado la mañana de este miércoles en la Cámara Cuarta del Centro, de Santa Tecla.
SAN SALVADOR. Con el objetivo de evitar un procedimiento arbitrario e ilegal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Enrique Rais, su equipo de abogados presentaron un recurso de “habeas corpus preventivo” por considerar que está en peligro el derecho a la libertad ambulatoria de su defendido, a quien se le estaría violentado el derecho a su legítima defensa por parte del ministerio público.
Según explicó un miembro del equipo legal de defensa de Enrique Rais, el abogado Douglas Melgar, en la fiscalía existen dos expedientes administrativos en los cuales, según notas periodísticas, se tiene abierta una investigación en contra del empresario en los cuales está siendo investigando por lavado de dinero y activos; sin embargo, hasta la fecha la FGR ha negado todo tipo información de los expedientes, bajo el argumento que han sido declarados en reserva.
“En un primer momento el grupo de abogados que lo representa solicitó en términos concretos, por escrito, que le dijesen si estaba (Enrique Rais) o no investigado en estos expedientes administrativos, qué delitos se le atribuían y en caso de ser afirmativa la respuesta, que el grupo legal tuviese acceso a la diligencias o al expediente, con el propósito de garantizar el derecho de defensa. La fiscalía, por escrito, expresó en un primer momento que él no estaba siendo investigado, pero luego dijo que sí, pero que declaraba reserva del expediente”, explicó. Además, el ministerio público reiteró que “por tanto, producto de esa reserva, ningún abogado o apoderado legal iba a tener acceso a ese expediente administrativo. De ahí que se tomó la decisión de presentar el ‘habeas corpus’, porque se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria del señor Rais”, agregó Melgar.
El defensor enfatizó que “se pretende evitar que se gire una orden administrativa de manera injustificada o infundada, transgrediendo derechos constitucionales. porque el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 76, establece que ‘las partes donde el imputado (Enrique Rais) o las partes que estén facultades (abogados o apoderados legales) pueden tener acceso a ese expediente administrativo’. La regla general es que es reservado ese expediente para toda personas que no tenga nada que ver con la investigación, pero en el caso de lo indiciado o investigado, el mismo artículo establece que él por sí o a través de sus abogados o apoderados puede y debe tener acceso a su expediente y tener la oportunidad de hacer las descargas respectivas”, subrayó.
La figura del habeas corpus preventivo es un recurso legal en el caso cuando no se ha concretizado la captura de la persona que es investigada, ya que un riesgo inminente que la captura, injustificada o arbitraria, se ordene, “lo que se busca es evitar que esa captura de carácter ilegal se de en determinado momento”, dijo Melgar.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE FGR
El abogado externó que la Fiscalía desde semanas atrás “ha comenzado hacer una especie de requerimiento solicitando copias certificadas de ciertos pasajes de esos expedientes argumentando que existe una investigación que van a ser incorporados en esa diligencia”, denunció. “El habeas corpus se ha presentado por los expedientes que existen a nivel de la fiscalía en la Unidad de Investigación Financiera y la Unidad Contra el Crimen Organizado”, agregó.
“Existen esos dos expedientes administrativos donde don Enrique tiene la calidad de investigado, pero el problema es que la Fiscalía los declaró reservados y no les permite a las partes materiales ni técnicas tener acceso a dichos expedientes, revisar las diligencias y elaborar pruebas de descargo, que es de lo que habla del artículo 76 en relación con el 80, inciso segundo del Código Procesal Penal”, resaltó.
El equipo legal del empresario indicó que el próximo martes tendrá lugar una audiencia especial donde Rais podría ser intimado por la fiscalía. “En el proceso principal, que está en 8° de Instrucción, la misma prueba que ha presentado la fiscalía, se desvanece todo tipo de participación del señor Enrique Rais, así mismo, las escuchas desde nuestro particular y punto de vista técnico son ilegales, por un sin fin de cuestiones, consideramos que el caso se desvaneció. El próximo martes, tememos que al salir bien, si el juez resuelve conforme a derecho, ahí mismo le intimen o le notifiquen la existencia de estos dos nuevos casos”, lamentó el abogado.
La ley de procedimientos constitucionales establece la posibilidad que el recurso legal sea presentado y resuelto en una Cámara, “lo ideal era que lo conociera la Sala de Constitucional, pero todos sabemos que no se ha podido instalar por falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa pero eso no es obstáculo para que la Cámara pueda conocer”, refirió. El “habeas corpus” fue presentado a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en razón de que se aplicó que la autoridad demanda es el fiscal general, quien tiene su sede en Santa Tecla.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
