Judicial
Condenan a sujetos que la policía capturó cuando circulaban con 194.2 gramos de mariguana
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a José Alfredo de 20 años de edad, a cuatro años de prisión luego de encontrarlo penalmente responsable del delito de posesión y tenencia en perjuicio de la salud pública.
Asimismo, se le condenó a la pena accesoria de la inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período de la pena principal impuesta, por lo que se ordenó continúe en la detención provisional en la que se encuentra.
El hecho por el que fue condenado ocurrió la noche del 21 de julio del presente año, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban un patrullaje preventivo a pie en la calle principal del caserío El Carrizal, del cantón Loma Alta, de esta ciudad, ya que en dicho lugar no hay alumbrado público.
Los agentes se encontraban a los costados de la calle cuando observaron que se desplazaban dos sujetos a pie, de norte a sur, y les mandaron detenerse para hacerles un registro de rutina, siendo que al imputado se le encontró en la bolsa delantera derecha del pantalón que vestía una bolsa plástica de color negro en cuyo interior había una porción mediana de material vegetal.
Esto al parecer droga marihuana envuelta en plástico de color amarillo, protegida con cinta adhesiva transparente. Mientras que el segundo sujeto también llevaba consigo material vegetal, pero su proceso fue separado de éste.
Los agentes se llevaron al imputado y el material hasta la Sección Antinarcóticos, donde se le realizó la prueba físico química que confirmó que la hierba seca era marihuana. El peso neto era de 194.2 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado 388 cigarrillos de manufactura casera, con un valor comercial de $221.38.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
