Judicial
Condenan a policía que en un hecho de intolerancia se negó a pagar pasaje y le disparó a cobrador de bus, en Santa Ana
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido condenado a cinco años de cárcel después de protagonizar un caso de intolerancia con el cobrador de un bus, hecho ocurrido frente a un puesto policial ubicado en la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán.
Por motivos de seguridad el agente será identificado como “Ramiro”, de 43 años y su víctima, con régimen de protección, como “Arnold”.
El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2018, después de que Ramiro abordó un bus en la colonia El Milagro de Santa Ana.
El Policía, que estaba vestido de civil, subió pero no quiso pasar por el molinete (cuenta pasajeros) y se quedó a la par del motorista, algo que el cobrador notó y le pidió el pasaje pero este se negó a pagarlo.
La víctima le dijo al agente que se bajara y que se subiera de nuevo por la puerta trasera o que tomara otro bus, pero Ramiro se negó. A pesar de la negativa, el motorista inició el viaje.
Arnold llamó a sus jefes y les contó lo que había sucedido y ellos le dijeron que pasaran frente al puesto policial de la carretera a Metapán, por la fábrica Intradesa.
Cuando llegaron al lugar, el motorista abrió la puerta frente al puesto policial por lo que Ramiro sacó su arma de fuego y le apuntó en la cabeza a Arnold, quien inmediatamente forcejeó pero no pudo evitar que le dispararan en el abdomen.
Después de la detonación, la víctima se bajó del bus y corrió donde los policías pidiendo auxilio, quienes salieron de inmediato y observaron a Arnold herido y a Ramiro persiguiéndolo con el arma de fuego en la mano y con manchas de sangre en la ropa.
Uno de los agentes advirtió con un “alto” a Ramiro, quien acató la orden y entregó el arma a las autoridades, quienes revisaron sus pertenencias y encontraron un permiso de portar armas pero no matrícula de la misma.
El sujeto alegó que no tenía la matrícula porque el arma le pertenecía a la PNC y mostró su identificación policial. Sin embargo, los azules lo capturaron.
Ramiro fue presentado en los tribunales acusado de lesiones graves y el juez, después de valorar las pruebas fiscales, lo condenó a cinco años de prisión.
También se le impuso una responsabilidad civil de $10,000 que deberá pagar a la víctima.
El Juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana calificó el caso como de intolerancia, pues Ramiro no toleró que le cobraran pasaje.
Nota: El Salvador Times
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
