Judicial
Condenan a policía que en un hecho de intolerancia se negó a pagar pasaje y le disparó a cobrador de bus, en Santa Ana
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido condenado a cinco años de cárcel después de protagonizar un caso de intolerancia con el cobrador de un bus, hecho ocurrido frente a un puesto policial ubicado en la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán.
Por motivos de seguridad el agente será identificado como “Ramiro”, de 43 años y su víctima, con régimen de protección, como “Arnold”.
El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2018, después de que Ramiro abordó un bus en la colonia El Milagro de Santa Ana.
El Policía, que estaba vestido de civil, subió pero no quiso pasar por el molinete (cuenta pasajeros) y se quedó a la par del motorista, algo que el cobrador notó y le pidió el pasaje pero este se negó a pagarlo.
La víctima le dijo al agente que se bajara y que se subiera de nuevo por la puerta trasera o que tomara otro bus, pero Ramiro se negó. A pesar de la negativa, el motorista inició el viaje.
Arnold llamó a sus jefes y les contó lo que había sucedido y ellos le dijeron que pasaran frente al puesto policial de la carretera a Metapán, por la fábrica Intradesa.
Cuando llegaron al lugar, el motorista abrió la puerta frente al puesto policial por lo que Ramiro sacó su arma de fuego y le apuntó en la cabeza a Arnold, quien inmediatamente forcejeó pero no pudo evitar que le dispararan en el abdomen.
Después de la detonación, la víctima se bajó del bus y corrió donde los policías pidiendo auxilio, quienes salieron de inmediato y observaron a Arnold herido y a Ramiro persiguiéndolo con el arma de fuego en la mano y con manchas de sangre en la ropa.
Uno de los agentes advirtió con un “alto” a Ramiro, quien acató la orden y entregó el arma a las autoridades, quienes revisaron sus pertenencias y encontraron un permiso de portar armas pero no matrícula de la misma.
El sujeto alegó que no tenía la matrícula porque el arma le pertenecía a la PNC y mostró su identificación policial. Sin embargo, los azules lo capturaron.
Ramiro fue presentado en los tribunales acusado de lesiones graves y el juez, después de valorar las pruebas fiscales, lo condenó a cinco años de prisión.
También se le impuso una responsabilidad civil de $10,000 que deberá pagar a la víctima.
El Juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana calificó el caso como de intolerancia, pues Ramiro no toleró que le cobraran pasaje.
Nota: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
