Judicial
Condenan a policía que en un hecho de intolerancia se negó a pagar pasaje y le disparó a cobrador de bus, en Santa Ana
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido condenado a cinco años de cárcel después de protagonizar un caso de intolerancia con el cobrador de un bus, hecho ocurrido frente a un puesto policial ubicado en la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán.
Por motivos de seguridad el agente será identificado como “Ramiro”, de 43 años y su víctima, con régimen de protección, como “Arnold”.
El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2018, después de que Ramiro abordó un bus en la colonia El Milagro de Santa Ana.
El Policía, que estaba vestido de civil, subió pero no quiso pasar por el molinete (cuenta pasajeros) y se quedó a la par del motorista, algo que el cobrador notó y le pidió el pasaje pero este se negó a pagarlo.
La víctima le dijo al agente que se bajara y que se subiera de nuevo por la puerta trasera o que tomara otro bus, pero Ramiro se negó. A pesar de la negativa, el motorista inició el viaje.
Arnold llamó a sus jefes y les contó lo que había sucedido y ellos le dijeron que pasaran frente al puesto policial de la carretera a Metapán, por la fábrica Intradesa.
Cuando llegaron al lugar, el motorista abrió la puerta frente al puesto policial por lo que Ramiro sacó su arma de fuego y le apuntó en la cabeza a Arnold, quien inmediatamente forcejeó pero no pudo evitar que le dispararan en el abdomen.
Después de la detonación, la víctima se bajó del bus y corrió donde los policías pidiendo auxilio, quienes salieron de inmediato y observaron a Arnold herido y a Ramiro persiguiéndolo con el arma de fuego en la mano y con manchas de sangre en la ropa.
Uno de los agentes advirtió con un “alto” a Ramiro, quien acató la orden y entregó el arma a las autoridades, quienes revisaron sus pertenencias y encontraron un permiso de portar armas pero no matrícula de la misma.
El sujeto alegó que no tenía la matrícula porque el arma le pertenecía a la PNC y mostró su identificación policial. Sin embargo, los azules lo capturaron.
Ramiro fue presentado en los tribunales acusado de lesiones graves y el juez, después de valorar las pruebas fiscales, lo condenó a cinco años de prisión.
También se le impuso una responsabilidad civil de $10,000 que deberá pagar a la víctima.
El Juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana calificó el caso como de intolerancia, pues Ramiro no toleró que le cobraran pasaje.
Nota: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
