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Condenan a hombre que en estado de ebriedad discutía con su pareja y le disparó en la mejía

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El juez del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia parta las mujeres de San Miguel condenó a 15 años de prisión por el delito de feminicidio agravado tentado a hombre que le disparó en la mejía a su compañera de vida.

El ahora imputado fue identificado como Oscar Orlando Chávez Posada, quien gracias a la declaración de la víctima y testigos bajo régimen de protección, en el juicio, fue declarado culpable.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficial fiscal de Usulután presentaron las pruebas de cargo contra el imputado, las cuales incidieron en la condena.

Los hechos 

Todo comenzó la noche del 22 de febrero de 2019, Oscar Orlando Chávez Posada se encontraba cenando junto a su compañera de vida, su madre y una hermana en la colonia Mustang del municipio de Usulután.

Posada, desde tempranas horas había ingerido bebidas alcohólicas, cuando de repente reclamó a su pareja y la acusó de robarle $20 iniciándose así una fuerte discusión por lo que la hermana del sujeto intervino y fue golpeada, según la Fiscalía.

Una hora después, el hombre en estado de ebriedad inició de nuevo la discusión con su compañera vida, a quien la agarró del cabello, después sacó una pistola y se la colocó en la boca.

La hermana de Posada intervino de nuevo, intentó quitarle el arma y al forcejear con él se le disparó el arma y la bala fue a dar en la mejilla de su pareja.

Minutos más tarde, el responsable de la agresión escapó en una motocicleta junto a su madre, mientras que la víctima era auxiliada por la cuñada y llevada al Hospital Nacional San Pedro de Usulután.

Debido a la gravedad de lesión fue trasladada hacia el Hospital Rosales, en San Salvador.

Un día después, Posada se presentó en la oficina de la Fiscalía de Usulután, en donde se giró orden de detención y fue capturado en flagrancia por agentes de la PNC.

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Judicial

Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.

Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.

Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.

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En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

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En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.

El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.

Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).

La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.

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Judicial

Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.

El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76

En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.

En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.

Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.

En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.

Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.

Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.

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