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FOTOS | Condenan a 83 pandilleros del caso denominado “Operación Tsunami” a penas que oscilan entre los dos y nueve años de prisión

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El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los dos y nueve años de prisión a 83 pandilleros en el caso denominada “Operación Tsunami”, por el delito de agrupaciones ilícitas, además, fueron absueltos de 21 casos debido a que el testigo fue vago, genérico e impreciso.

Asimismo, fueron absueltos 63 procesados por falta de pruebas, entre los absueltos se encuentra el exalcalde de Puerto de La Libertad Carlos Farabundo Molina. La absolución del exjefe edilicio fue porque la declaración del testigo carecía de comprobación, en el juicio dijo que el alcalde de ese momento les había ofrecido dinero para matar a la víctima porque estaba vendiendo droga en una zona contraria y según el expediente había dicho que fue porque estaba extorsionando a un familiar del alcalde.

Además, según la prueba presenta en juicio ya una persona había sido condenada por este caso y se mencionaba que habían participado cuatro personas que no son las que el testigo menciono, asimismo, según ese caso el testigo no estuvo presente y él había dicho que el mató a la víctima.

El juzgador en su fallo dijo que debían tener cuidado con los testigos criteriados que tenían un alto rango dentro de la pandilla, debido a que estos, en su mayoría, no estaban presente en el momento da ejecución de los ilícitos y era difícil comprobar el dicho de estos con la prueba documental y pericial que constaba en el proceso.

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Judicial

Pandillera fue condenada a 15 años de cárcel por extorsión agravada

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Brenda Lisbeth Flores Ardón fue condenada a 15 años de cárcel por haber extorsionado a un trabajador de Colón, La Libertad Oeste.

Según consta en las investigaciones de la Fiscalía, la imputada fue la encargada de retirar la extorsión y fue identificada tras un dispositivo de entrega controlada implementado por agentes de seguridad, tras la denuncia que interpuso la víctima.

La extorsión fue exigida el 5 de septiembre del 2023, cuando el afectado se dirigía a su lugar de trabajo y fue interceptado por un sujeto, quien se identificó como pandillero de la MS. El terrorista le indicó que por vivir en la zona tenía que pagar dinero mensual y si no cumplía con lo solicitado, lo matarían a él y a su familia.

La sentencia de cárcel fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, quien valoró los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal en el juicio.

A Brenda Flores se le condenó por el delito de extorsión agravada y cumple su condena en un centro penitenciario del país.

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Esposa de Gerardo Quijada, dueño de GQ Racing, condenada a dos años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de dos años de prisión en contra de Mirna Elena Suncín de Quijada, esposa de Gerardo Quijada, dueño de los talleres GQ Racing, quien también enfrenta un proceso judicial.

La Fiscalía General de la República acusó a la procesada por el delito de estafa agravada en perjuicio patrimonial de la empresa DEICE S.A de C.V, por la cual recibió sentencia.

Asimismo, Mirna Suncín de Quijada es procesada por los delitos de agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado, junto con su esposo Gerardo Quijada y nueve personas más.

Los involucrados presuntamente cometieron el delito de estafa agravada por un monto que asciende a $1.3 millones.

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Procesan a sujeto por presuntamente traficar drogas por un monto de US$154 mil

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Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.

Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.

Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.

Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.

Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.

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