Judicial
Con engaño joven cayó en las garras de la prostitución, logró huir y obtuvo justica
Muchas mujeres jóvenes buscan a diario oportunidades laborales y la capital, San Salvador, sin saber que tras unas ofertas de trabajo se enconden falsas personas para aprovecharse de su inocencia y explotarlas como domesticas o en el peor de los casos, sexualmente.
Esa mala experiencia vivió la joven “Cristal“, que encontró una “oportunidad de empelo” en la colonia Escalón cerca del seminario San José de la Montaña, y que en la fachada decía que funcionaba un car wash.
Pero fue todo lo contrario, pues la joven paso la entrevista de trabajo e inició sus labores en el establecimiento, al llegar la hora de salida, le impidieron su retiro y fue obligada a trabajo forzado hasta llegar a prostituirse en el local.
A ella le arrebataron su celular para que no tuviera comunicación con algún familiar o amigo y pudiera delatar a los delincuentes, que en realidad eran unos explotadores sexuales de jovencitas.
Durante cuatro días los sujetos la mantuvieron cautiva, fue sometida no solo a trabajo doméstico forzado, sino también a la prostitución, de lo cual se lucraban sus captores.
Un día, “Cristal” logró escapar con la ayuda de otra “compañera de trabajo“, dijo, y de inmediato buscó a las autoridades. Puso la denuncia y el 16 de octubre de 2020 fueron detenidos sus captores: Nelson Jonathan Pérez Moreira, Yeni Magalí Ávalos Contreras, Yuri Landaverde Gómez y Gladis Hernández Cornejo.
Cristal testificó en el juicio contra los cuatro imputados y el 28 de septiembre de 2018, un tribunal de Sentencia los condenó a 10 años de prisión. Pero, según fuentes judiciales, una cámara ordenó repetir el juicio aunque dijo no tener a la mano la información sobre esa decisión.
Hoy, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador confirmó las condenas para los cuatro implicados. A Yeni Magalí le impuso 11 años de prisión por el delito de trata de personas, mientras a los otros tres acusados la pena fue de 7 años por ser cómplices.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
