Judicial
Alcalde de Yayantique seguirá proceso en libertad
El Juzgado de Paz de Yayantique, en La Unión, ordenó medidas sustitutivas a la detención para el alcalde de ese municipio, Joaquín Alexánder Méndez Mejía, de 34 años, quien es procesado por los delitos de portación o conducción irresponsable de arma de fuego y disparos.
El alcalde fue detenido el 28 de noviembre por la noche frente al cementerio del cantón Centeno, en la referida localidad. Al momento de ser capturado, los elementos policiales le decomisaron una pistola, una escopeta y cartuchos de diferentes calibres.
En un primer momento, la Policía Nacional Civil informó que Méndez Mejía también será procesado por el delito de conducción peligrosa. Sin embargo, debido a que este no se encontraba al volante en el momento de la detención no fue procesado por ese delito.
El funcionario llegó custodiado por agentes policiales a bordo de una patrulla de San Alejo cerca de las 11 de la mañana a las instalaciones del tribunal, y la audiencia inicial finalizó cerca de las 3 de la tarde.
En la presentación del requerimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la detención provisional para el funcionario, pero la jueza del juzgado resolvió que se decretara la instrucción con medidas sustitutivas a la detención.
Entre las medidas que deberá cumplir Méndez están no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado de Instrucción que siga el proceso.
Una hora después de finalizada la diligencia judicial, el alcalde salió del juzgado en libertad junto con un pequeño grupo de personas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, que esperaba pacientemente la decisión del tribunal.
Sobre el caso y la resolución, los abogados defensores y el alcalde se negaron a brindar declaraciones. La juzgadora también se limitó a brindar una postura sobre los argumentos que valoró para emitir la resolución favorable para el jefe de la comuna.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
