Judicial
Alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, asegura que si algo le llegara a pasar, «saldrá a la luz un video donde cuenta todo»
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acudió la tarde de este martes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para ser notificado sobre la acusación que pesa en su contra por negociar con miembros de pandillas.
Al ser abordado por la prensa, el jefe edilicio capitalino expresó que acudió a los tribunales para que se conozca “toda la verdad” sobre las supuestas reuniones que sostuvo con miembros de pandillas a cambio de votos.
Asimismo, detalló que si algo le llegara a pasar, ha grabado un video donde expone toda la verdad sobre las negociaciones de políticos con líderes de pandillas.
«Es un video que yo he hecho contando todo… Espero que nunca lo sepan (lo que cuenta en el video), porque espero que no me pase nada», expresó Muyshondt.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado ante los tribunales a los exministros de Gobernación, Arístides Valencia, y el de Justicia y Seguridad, Benito Lara; al diputado Norma Quijano, así como el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de haber sostenido reunidos con pandilleros donde les entregaron grandes cantidades de dinero a cambio de votos.
La Fiscalía ha pedido al juzgado que como garantía para que los implicados no huyan imponga una fianza de $100 mil cada uno y que se presenten cada 15 días a firmar.
La audiencia inicial por este caso se realizará el próximo viernes 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
